La judicialización derivada de la avanzada minera para dinamitar la cordillera de Malargüe en busca de cobre tomó nuevas bifurcaciones en las últimas horas, complejizando el panorama que Alfredo Cornejo pretende vender como despejado a los inversores.
Por un lado, la jueza María Angélica Gamboa, del tribunal de gestión asociada, rechazó una cautelar presentada por ambientalistas para frenar la acción de las mineras hasta que se definan los alcances ambientales y la afectación a glaciares que traerá la extracción de metales, lo cual implica un revés para quienes advierten sobre las consecuencias de la megaminería metalífera en zona de reservorios de agua.
Sigue en pie, en cambio, el amparo colectivo presentado contra la ley que habilitó 34 proyectos de exploración para buscar cobre en la cordillera de Malargüe.
Jennifer Ibarra por Fundación Cullunche, y Eduardo Sosa por derecho propio, con el patrocinio letrado de la abogada Daiana Rusalen, presentaron una acción de amparo colectivo contra la ley 9.588 que ratificó 34 proyectos mineros dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental.
"La jueza dictó sentencia sobre el cierre del año judicial. Ahora viene la feria y con toda la suerte van a resolver a mediados de febrero. Esa es su estrategia, ganar tiempo, dilatar todo y rechazar las argumentaciones con cuestiones abstractas. El amparo va a ir a la cámara, va a ir a la Corte, y vamos a ir a la Corte suprema de la Nación, quizás pasen 10 años, en esos 10 años sin una cautelar van a imponer la minería y quién va a deshacer lo que se hizo. Aún así vamos a perseverar hasta el final. No hay margen para la derrota", se explayó Eduardo Sosa ante la consulta de EXPLÍCITO.
Por otra parte, Oikos presentó un pedido de inconstitucionalidad en la Suprema Corte la semana pasada. La Corte, cooptada por el cornejismo, deberá resolver en pleno sobre este asunto.
Una tercera acción fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en la Justicia Federal de Mendoza. Se trata de una cautelar, que fue rechazada por el juez Pablo Quirós Sin embargo, elevó la causa a la Corte Suprema de la Nación, lo cual es leído como una señal positiva por los ambientalistas.
"Es interesante porque el juez reconoce que lo que pase en el distrito minero puede extenderse a las cinco provincias de la cuenca del río Colorado", resumió Sosa.
Este es el escrito de la jueza rechazando la cautelar para impedir el avance de los proyectos mineros en la cordillera de Malargüe.
