La minería mendocina atraviesa un momento de redefiniciones. La reciente transferencia del Mendoza Portfolio por parte de la canadiense Mirasol Resources a Argentina Metals Corp. marca un giro en el mapa del Distrito Minero Occidental I (MDMO I) y expone, una vez más, la tensión entre las estrategias empresariales y las demandas de las comunidades originarias.
Un portafolio que cambia de manos
La operación, concretada a través de la subsidiaria local Mises Metals S.A.S., registrada en Mendoza en diciembre pasado, incluye 14 proyectos de cobre en etapa temprana. El acuerdo contempla un pago inicial en efectivo y la entrega escalonada de acciones, lo que deja a Mirasol fuera del rol operativo directo, aunque con participación accionaria en el nuevo grupo.
El impacto más inmediato se concentra en tres proyectos con Declaración de Impacto Ambiental aprobada: Malbec, Merlot-Syrah y Riesling, hasta ahora bajo control de la filial Nueva Gran Victoria. El resto del paquete, unas 89.070 hectáreas, deberá avanzar con expedientes ambientales propios. En términos prácticos, el cambio de manos no altera la condición ambiental de las áreas, pero sí redefine quién queda a cargo de la continuidad de los trabajos técnicos y de campo.
El telón de fondo: conflicto mapuche
La salida operativa de Mirasol se produce en un escenario atravesado por tensiones con comunidades mapuche. En julio de 2025, el Gobierno de Mendoza reconoció oficialmente que no había consultado a las comunidades del sur antes de avanzar con el protocolo minero firmado por Alfredo Cornejo y Javier Milei.
La consecuencia fue inmediata: el Ministerio de Energía y Ambiente ordenó frenar el proyecto Merlot-Syrah, impulsado por Nueva Gran Victoria. La medida respondió a la impugnación presentada por Gabriel Jofré, werkén de la comunidad LOF El Sosneado y autoridad del Kume Feleal de la Organización Identidad Territorial Malalweche. El reclamo, respaldado por más de veinte comunidades con personería jurídica, denunció que el protocolo de consulta previa se aprobó sin participación efectiva, aplicando criterios restrictivos e inconstitucionales.
El expediente exigió la nulidad absoluta del procedimiento y su reformulación conforme al Convenio 169 de la OIT y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La admisión del error por parte del Estado provincial tensionó el discurso oficial sobre participación ciudadana y abrió un debate sobre la legalidad de normas previas que afectan territorios indígenas. El caso incluso escaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde organizaciones mapuche denunciaron la falta de reconocimiento territorial y la criminalización de las comunidades en conflictos extractivos.
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Una estrategia empresarial repetida
Más allá del conflicto, la operación responde a una lógica conocida en la industria minera. Mirasol Resources, empresa canadiense de capital abierto, se especializa en la exploración y generación de proyectos de oro, plata y cobre en Argentina y Chile. Su modelo de negocio no se centra en la producción directa, sino en la generación de prospectos y posterior cesión de derechos a compañías con mayor capacidad de financiamiento y operación.
En los últimos años, Mirasol ha concretado varias ventas en Mendoza, tanto a Argentina Metals como a Andara Mining, manteniendo regalías en algunas propiedades. Se trata de una estrategia de “farm-in”, que le permite reducir riesgos, obtener liquidez y conservar participación futura en caso de que los proyectos avancen hacia etapas productivas. La venta del Mendoza Portfolio se inscribe en esa lógica: avanzar en la construcción técnica y ambiental de parte del paquete y luego rotar los activos hacia una compañía enfocada en consolidar cartera y buscar financiamiento para etapas posteriores.
Reordenamiento y perspectivas
El traspaso de activos funciona como una primera señal de movimiento dentro del distrito, anticipando una etapa de mayor actividad y redefinición de roles entre las compañías que conforman el núcleo exploratorio del sur mendocino. Para el gobierno provincial, el desafío será garantizar que los nuevos actores cumplan con los estándares de consulta y participación exigidos por las comunidades, evitando repetir errores que ya derivaron en paralizaciones y denuncias internacionales.
En definitiva, la salida de Mirasol sintetiza dos dinámicas que hoy atraviesan la minería mendocina: por un lado, la estrategia empresarial de rotación de activos propia de las compañías junior; por otro, la creciente presión social y jurídica de las comunidades originarias, que reclaman ser parte de las decisiones que afectan sus territorios.