Una multitudinaria marcha de antorchas encabezada por docentes jujeños repudió hoy la brutal represión policial registrada el martes tras la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial, al tiempo que reivindicó la protesta genuina y transversal de distintos sectores de la sociedad.
La respuesta de los manifestantes agrupó a una masiva columna esta noche por las calles de la capital provincial que avanzó a pesar de una tenue llovizna, reforzando su reclamo por aumentos salariales y exigiendo la derogación de la Carta Magna local recientemente jurada.
"Somos docentes, no somos delincuentes", entonaban maestros y maestras en su paso con antorchas y velas en alto, para luego denunciar que un salario básico de un docente de jornada simple "apenas alcanza los 35.000 pesos", precisaron en el decimoséptimo día consecutivo de reclamos.
La marcha se llevó adelante luego de la fatídica jornada del martes, cuando una brutal represión policial dejó 170 heridos, uno de gravedad, y al menos 69 detenidos, entre ellos menores de edad y personas discapacitadas, de los cuales 54 permanecían hoy encarcelados.
En ese marco, los manifestantes exigieron la "inmediata" libertad de las personas apresadas, quienes recibieron la asistencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
En esta jornada a los reclamos se sumaron trabajadores mineros e integrantes de asociaciones tradicionalistas gauchas montados a caballo, por lo que consideraron que "hay una amplitud genuina en la convocatoria", indicó Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems).
"La expresión del pueblo jujeño renueva sus reclamos con la pretensión de ser escuchado y tener una participación democrática sobre una reforma constitucional que vulnera nuestros derechos", completó.
La movilización nocturna sumó, además de trabajadores estatales, organizaciones sociales y de derechos humanos, a una nutrida columna de mineros provenientes del yacimiento El Aguilar, quienes portaron sus banderas argentinas y wiphalas (las tradicionales banderas de siete colores).
"La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo", expresaba una pancarta con la que llegaron los operarios desde las alturas quebradeñas.
Las protestas se replicaban con cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Perico, El Carmen, Libertador San Martin, Fraile Pintado, Caimancito, San Pedro, además de pequeños parajes puneños.
Por otra parte, en la tarde de esta jornada el secretario Pietragalla Corti visitó a las personas que permanecían detenidas en las unidades penales del barrio Alto Comedero de la ciudad capital.
En ese marco se dirigió al mandatario provincial, Gerardo Morales, para solicitarle, "que baje las armas y dialogue con el pueblo", al tiempo que anticipó la presentación de una denuncia penal en caso de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial con prácticas de secuestro.
"La represión a 40 años de democracia no va más y seguimos reiterando que Morales baje las armas y que dialogue con su pueblo, escuche a su pueblo", expresó el funcionario nacional a la salida de la Unidad Penal de Alto Comedero.
Pietragalla Corti afirmó que "muchos están denunciando que fueron detenidos al voleo y eso le he manifestado al fiscal", por lo que "el Poder Judicial de Jujuy lo que tendría que decidir es liberarlos, no tienen nada que ver con los incidentes".
Planteó que es "una ilegalidad de la provincia tener a personas demoradas y estar viendo su situación en un penal cuando tendrían que estar en otro lugar acorde a lo que se está tratando".
Los detenidos en los penales son 42 hombres, 18 mujeres y 4 menores, entre ellos "golpeados y chicos con alguna discapacidad" que recibieron asistencia de la Agencia de Discapacidad, indicó el Secretario, y agregó: "Nos preocupa además que fueron detenidos de la peor manera".
Por otro lado, anticipó que presentará una denuncia penal de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de ayer: "Se observa en imágenes la patente de una camioneta que es parte de una empresa constructora contratada por el Gobierno para obra pública, pero estamos chequeando".
Casi al mismo momento de la tarde, el Poder Ejecutivo provincial oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial la puesta en vigencia de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy aprobada y jurada en medio de los violentos ataques policiales.
El documento incorpora en su artículo 67 el "Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica", uno de los apartados más rechazados por diversos sectores de la sociedad jujeña.
Este capítulo en uno de sus apartados ratifica "la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia", en relación a las protestas, según indica el texto normativo al que tuvo acceso Télam.
Asimismo, expresa en su inicio que "todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación".
En relación al artículo 36 sobre la Propiedad Privada en Jujuy, fuertemente rechazado por las comunidades indígenas, la normativa quedó redactada de la siguiente manera: "Esta Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, gozar y disponer de sus bienes".
"El ejercicio de este derecho debe ser regular - continúa- y no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas. Con esos fines la ley lo limitará con medidas adecuadas conforme a las atribuciones que le competen al Gobierno Provincial", agrega.
"La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante", sostiene para luego culminar con el mandato de que "queda abolida la confiscación de bienes".
En ese contexto, los comuneros apostados en el bloqueo entre las rutas 9 y 52 manifestaron a Télam: "Los pueblos originarios solicitamos la derogación de toda la reforma, como cualquier ciudadano de Jujuy porque nos atraviesa en todos sus puntos".
Los colectivos nativos reiteraron su desacuerdo con lo tratado en la Carta Magna los tópicos "vinculados al medio ambiente, los recursos naturales, la propiedad privada, el tema electoral", entre otros por resultar "inconsulta" y "de espaldas al pueblo".
Específicamente sobre el artículo 50, calificaron de "indignante" el hecho de "volver a una redacción vieja" porque ello "evidencia la falta de voluntad que tiene el gobierno de Gerardo Morales para acordar con las comunidades y todos los jujeños".
