Publicado en Jornada
Unos 3 mil niños y adolescentes, muchos de ellos sin relación con actividades delictivas, fueron detenidos y encarcelados en El Salvador como resultado del estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele en 2022, aseguró Human Rights Watch (HRW).
Muchos de los menores detenidos durante el régimen de excepción vivían en comunidades de bajos ingresos, donde la violencia era constante; además, fueron sentenciados porque autoridades los forzaron a hacer confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura, denunció el organismo de derechos humanos en un informe.
HRW documentó, entre otros casos, el de Carolina González (seudónimo que usó para proteger la identidad de la joven), una estudiante de 17 años de un poblado rural del departamento de Sonsonate, a quien autoridades detuvieron sin orden de aprehensión.
Meses después, la organización internacional informó que “un juez presionó a Carolina y a otros siete menores para que se declararan culpables de colaborar con la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha)”, a lo que ella se negó.
Carolina y otras tres menores denunciaron que un magistrado les dijo que si uno de ellos rechazaba el acuerdo de culpabilidad, todos cumplirían penas dos veces mayores.
Ellas se declararon culpables y fueron sentenciadas a un año de prisión. Todos queríamos estar con nuestra mamá, declaró Carolina al organismo.
La ausencia de mecanismos de control independientes ha facilitado las violaciones generalizadas de derechos humanos, aseguró HRW.
El estado de excepción se ha traducido en abusos graves, entre ellos la reclusión de los menores en los mismos espacios que los adultos, una violación flagrante al derecho internacional y al salvadoreño, agregó.
Además, el informe señaló que jueces y fiscales mantuvieron rutinariamente a los menores en detención provisional prolongada, una práctica que, dadas las pésimas condiciones de los tutelares de menores, los ha expuesto a abusos.
Entre septiembre y diciembre de 2023, HRW se entrevistó con víctimas, activistas y funcionarios en los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Cuscatlán.
El informe puede consultarse aquí
