Será en el marco del juicio oral y público por los graves sucesos que derivaron en la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.
El próximo 24 de febrero se iniciará, luego de 12 años, el juicio para determinar responsabilidades políticas y operativas por la sangrienta represión del 20 de diciembre del 2001 que dejó, entre la Plaza de Mayo y el Congreso, cinco muertos y centenares de heridos y detenidos en el marco del Estado de Sitio.
Unos 580 testigos declararán ante el Tribunal Oral Federal n°6 (TOF6) en el marco de un juicio oral y público por los graves sucesos que derivaron en la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, Presidente de la Nación entre el 10 de diciembre de 1999 y el 20 de diciembre del 2001.
Pese a estar imputado, el ex presidente resultó sobreseído ya que la Cámara Federal de Casación, consideró "legítimo" y de acuerdo a la Constitución Nacional la declaración de estado de sitio -el dramático 19 de diciembre- por parte de De la Rúa.
Aparte de ese sobreseímiento puntual, en el banquillo de los acusados se sentarán el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov e integrantes de la plana mayor de la Policía Federal, a cuyo frente estaba entonces el comisario Rubén Santos.
"Si Ramón Mestre (entonces ministro del Interior y jefe de Mathov) no hubiera fallecido también tendría que rendir cuentas", coinciden en resaltar las querellas que, por otro lado, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que revea el sobreseimiento de De la Rúa.
El proceso judicial está circunscripto a lo ocurrido el 20 de diciembre en torno a la Plaza de Mayo y el Congreso, calles adyacentes y en cercanías del Obelisco, donde se produjeron algunos de los ataques policiales más cruentos, como el caso de Alberto Márquez.
"Se trata del caso más emblemático de la protesta social y como respuesta, la violencia extrema de la policía en un marco de excepción por el estado de sitio el que, dicho sea de paso, está discutido. Es un caso único y, para nosotros, sólido, así que
tenemos muchas expectativas en alcanzar justicia para las victimas", dijo a Télam Maximiliano Medina, integrante del equipo jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas.
Fuente: Télam
