La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por 39 votos a favor y 6 en contra las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 27 proyectos de exploración en el Distrito Minero Occidental II (MDMO II) de Malargüe. Con esta media sanción, el departamento alcanzaría un total de 65 proyectos de exploración minera.
Junto a la ampliación de MDMO2 se incorporó un protocolo para actuar en ambientes periglaciares que tendrá fuerza de ley
La votación, resultó con 39 votos afirmativos y 6 negativos, de los diputados José Luis Ramón (CyC), Valentina Morán (PJ), Roxana Escudero (PJ), Rolando Scanio (LUM), Jorge Difonso (LUM) y Emanuel Fugazzotto (PV).
El "protocolo" para ambientes periglaciares
Junto a las DIAs, la provincia incluyó un protocolo de actuación para ambientes periglaciares, en caso de que coexistan con proyectos mineros. El documento, titulado “Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza: Estudios de Glaciares y Ambiente Periglacial en Proyectos Mineros”, es un manual de 10 páginas que establece requisitos para caracterizar y operar en zonas de alta montaña con presencia de glaciares o periglaciares.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que el protocolo fue elaborado junto al IANIGLA-CONICET y bajo instrucción de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Subrayó que tendrá fuerza de ley una vez aprobado por la Legislatura:
“Los proyectos que estén en altura y puedan tener indicios de zona periglaciar deberán aplicar estos protocolos, con participación de Nación, IANIGLA y la autoridad provincial”, señaló Latorre.
Diez puntos críticos del protocolo que impulsa el Gobierno para minar en periglaciares
¿Qué pasa con la Ley de Glaciares?
Consultada sobre posibles cambios, Latorre fue cauta:
“No sé si la ley necesita una actualización. El IANIGLA es el organismo científico técnico que tiene la facultad de actualizar los inventarios. Quizás lo que necesite esta ley es una mayor definición de los roles de las autoridades con facultades concurrentes”.
La ministra aclaró que cualquier modificación “no quiere decir que se vayan a tocar los presupuestos mínimos”, recordando que la Ley de Glaciares y la Ley Nacional de Ambiente son normas de protección básica.
Voces en el recinto
La diputada Silvina Gómez (UCR) defendió la iniciativa como parte del desafío frente al cambio climático:
“Para que Mendoza se adapte necesitamos cobre, y para saber si lo tenemos, necesitamos investigarlo”.
En contraste, Jorge Difonso (LUM) alertó sobre la falta de inventario en zonas periglaciares:
“Sería irresponsable avanzar sobre una zona que no está delimitada. Los glaciares son fundamentales para la generación de agua dulce”.
Emanuel Fugazzotto (PV) cuestionó la “rifa de la licencia social” y advirtió que las empresas no generan empleo local en Malargüe.
El dictamen del IANIGLA
El IANIGLA-CONICET emitió un dictamen el 22 de abril en el que recomendó no aprobar 17 proyectos mineros en el MDMO II: pidió no avanzar con 8 y suspender otros 9 hasta contar con más información.
Sin embargo, el 7 de mayo, con la audiencia pública encima, el Gobierno provincial solicitó avanzar de todos modos y completar la información faltante en el camino, incluso después de aprobadas las DIAs. Esta decisión generó críticas por parte de legisladores opositores y organizaciones ambientales, que consideran que se vulnera el principio precautorio.
Un debate abierto
La media sanción y la incorporación del protocolo para ambientes periglaciares reavivan la discusión sobre el modelo productivo de Mendoza. Mientras un sector político y técnico impulsa la exploración como paso necesario hacia energías renovables y diversificación económica, otro advierte sobre la fragilidad de los ecosistemas de alta montaña y la falta de licencia social plena.
El Senado tendrá ahora la responsabilidad de definir si los 27 proyectos de exploración avanzan con respaldo legislativo definitivo o si las objeciones ambientales logran frenar la iniciativa. En paralelo, la Guía de actuación sobre glaciares y periglaciares se perfila como un nuevo instrumento normativo que, lejos de cerrar el debate, abre interrogantes sobre la compatibilidad entre minería y protección de reservas hídricas estratégicas.
