Este jueves 13 de noviembre, la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de la H. Cámara de Diputados dará voz a asambleístas, vecinos y organizaciones socioambientales para exponer el profundo impacto social que genera el avance del megaproyecto minero San Jorge en Mendoza.
La persecución contra asambleístas y vecinos se tradujo en causas judiciales que siguen abiertas mientras San Jorge se discute en la Legislatura
En una sesión mixta que comenzará a las 09.30, la comisión recibirá a un extenso listado de 16 oradores, muchos de los cuales cargan con el peso de la persecución judicial por su participación activa en las protestas contra el emprendimiento. Entre los expositores que han atravesado causas judiciales se encuentran Liza Rule Larrea, Martín Iglesias, Nora Moyano y Federico Soria, referentes de la lucha que denuncian una estrategia de criminalización de la protesta social.
Comunidades bajo presión
La audiencia, que se enmarca en el tratamiento de la Denuncia Nº 87517, busca poner en evidencia las consecuencias sobre las comunidades y el medio ambiente, más allá del debate técnico que se inició esta semana con el tratamiento de la DIA de San Jorge. Cada expositor contará con 10 minutos para presentar su postura, la cual deberá ser entregada también por escrito.
El listado de oradores refleja la diversidad del movimiento opositor al proyecto. Junto a los asambleístas y vecinos autoconvocados, expondrán representantes legales de reconocidas organizaciones no gubernamentales. Entre ellos, se destacan Agustín Sánchez, abogado de la ONG OIKOS, y Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quienes aportarán el marco jurídico-ambiental sobre los presuntos incumplimientos de la legislación nacional y los tratados internacionales.
El resto de la nómina incluye a Claudio Alejandro Espinol, Guillermo Martinez Agüero, Mariano Rodríguez, Stella Maris Fernández, Felipe Sánchez, Marcelo Giraud, Liliana Claudia Herrera (de la comunidad Huarpe), Jennifer Ibarra, Eduardo Sosa y Belén Lana.
Pulseada legislativa
La sesión promete ser un capítulo más en la pulseada entre las comunidades movilizadas y los intereses corporativos, trasladando el conflicto a un ámbito legislativo donde los afectados buscan que el Estado, en todas sus instancias, escuche y actúe frente a lo que califican como un ecocidio con gravísimas secuelas sociales.
El Gobierno defendió con firmeza esta semana el proyecto minero de oro y cobre San Jorge y descartó las advertencias e informes que alertan sobre riesgos hídricos en el valle de Uspallata porque, aseguró, son prematuras. El argumento va en línea con la minera, que respondió de esa manera a todos los dictámenes que cuestionaban el proyecto por el riesgo hídrico y los tóxicos que se usarán en la extracción.
En la apertura del plenario de comisiones, el Ejecutivo insistió en la “sustentabilidad” de la iniciativa y prometió reforzar los controles con un sistema de cámaras de vigilancia permanente en el dique de colas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera.
