Cientos de vecinos y asambleístas volvieron este fin de semana a renovar el clamor contra el avance del fracking en Mendoza.
Uno de los puntos de protesta fue la Fiesta de la Ganadería, el sábado, donde un banderazo avanzó por la ruta hacia el predio ferial donde autoridades y empresarios degustaban costillares a la llama. Hacia allí llegaron con la enorme bandera que acompaña desde hace años las manifestaciones en defensa del agua.
Por otra parte, en el marco del Día Internacional contra el Fracking, que reunió a manifestantes en todo el globo, este lunes cientos de defensores de la 7722 se manifestaron contra el fracking en varios puntos de la provincia.
Este lunes en Tunuyán se instaló un stand informativo sobre esta técnica extractivista, además de pintada de carteles y charlas aprovechando el flujo de turistas.
En Potrerillos desde las 11 en el playón de la YPF hubo una manifestación con banderas y pancartas, en Godoy Cruz se hizo una pegatina contra el fracking, en Luján desde las 15 en Azcuénaga y Acceso Sur hubo festival artístico, en Capital una marcha recorrió las calles del centro desde las 18.
En Mendoza el fracking avanza, fuera de la ley
La cooptación total del Poder Judicial y la sumisión del periodismo de Mendoza son dos de las espadas con que el gobierno de Alfredo Cornejo, y de Rodolfo Suarez después, pelean la batalla por el avance del fracking violando leyes y regulaciones.
Esa es una de las conclusiones de un informe de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas titulado "Los caminos judiciales del fracking" difundido días atrás en sus redes.
El reporte es lapidario con el rol de la justicia, la Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, sometidos al yugo del poder cornejista, que desde 2017 y en los últimos años permitió el avance de esta técnica sotto voce, sin las debidas audiencias públicas, desestimando acciones judiciales y violando leyes locales, nacionales e internacionales.
Sobre la autorización del fracking, puntualiza que Cornejo avanzó en silencio a sabiendas de que tendría gran resistencia social -demostrada en diciembre de 2019 cuando se quiso modificar la Ley 7722- y que desde entonces ese ha sido el procedimiento.
