Autorizado por la Legislatura

Cornejo consolida el endeudamiento en dólares: promulgaron la ley que lo autoriza a pedir otros 160 millones

Share
Tiempo estimado de lectura: 3 minutos

El Gobierno de Mendoza promulgó este martes la Ley 9650, que autoriza al gobernador Alfredo Cornejo a tomar nueva deuda por 160 millones de dólares. El crédito, destinado a la transformación digital de los sistemas de salud y educación, llega en un momento en que las finanzas provinciales exhiben signos de deterioro que preocupan incluso a sectores aliados.

]Mendoza consolida su camino de endeudamiento en moneda extranjera, que en 2016 marcó un hito con un préstamo de 590 millones de dólares

La iniciativa fue defendida por los ministros Rodolfo Montero (Salud), Víctor Fayad (Hacienda) y Tadeo García Zalazar (Educación), quienes aseguraron que los fondos —85 millones para salud y 75 para educación— permitirán renovar infraestructuras, consolidar plataformas digitales y capacitar al personal. “Mendoza será referente nacional en transformación digital”, prometieron en comisiones legislativas.

Cornejo, por su parte, se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para asegurar líneas de financiamiento de organismos multilaterales como el BID y la CAF. “Son proyectos fundamentales para Mendoza”, publicó en su cuenta de X.

Un déficit que no da tregua

Pero detrás del optimismo oficial, los números fiscales pintan otro cuadro. El informe de ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2025 revela que Mendoza destinó $53.878 millones al pago del bono PMM29 en marzo, generando un déficit mensual de $49.224 millones. El resultado operativo neto del trimestre fue de apenas $41.089 millones, cifra que queda eclipsada por los compromisos de deuda.

Entre abril y junio, el resultado operativo fue negativo en más de $51.500 millones, afectado por la caída de recursos nacionales y la desaceleración de la recaudación local. Economistas advierten que el nuevo endeudamiento podría agravar la fragilidad fiscal de la provincia.

Detrás del discurso digital, más deuda

Sin embargo, detrás del relato de modernización se consolida una práctica reiterada: el endeudamiento. Este nuevo pedido se apoya en la Ley 9460 de Transformación Digital, sancionada en 2023, y en el Plan de Salud 2024–2030, cuestionado por haber recortado derechos laborales y salariales en el sector.

Durante su primera gestión, Alfredo Cornejo comprometió a la provincia con una deuda de 590 millones de dólares, cuyos vencimientos hoy presionan las cuentas públicas. A esa mochila se le suma ahora otro tramo millonario que, más allá de los objetivos declarados, reproduce un modelo de gobierno sostenido en créditos externos y marketing institucional.

La votación en el Senado resultó con 33 votos afirmativos y 3 negativos. Se opusieron los senadores justicialistas Helio Perviú y Félix González, junto con el representante del Partido Verde, Dugar Chappel, quienes fundamentaron sus argumentos en el recinto. La presidenta del bloque justicialista, Adriana Cano, adelantó el acompañamiento de su bancada, aunque no todos los legisladores del PJ votaron a favor.

Ajuste para pagar deuda: caída salarial y obra pública

Los datos oficiales muestran que el endeudamiento no es neutro. Según cifras del Ministerio de Hacienda, en 2015 los salarios abonados a los empleados de la administración provincial representaban el 62,3% de los ingresos totales. En 2023 esa relación cayó al 37,4%, y en el tercer trimestre de 2024 se ubicó en apenas 36,5%. La caída es notoria y sostenida.

Lo mismo ocurre con las partidas para obra pública. Según un informe del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFIM), elaborado en base a datos de la Tesorería provincial, el presupuesto destinado a infraestructura ha sufrido recortes sistemáticos, en paralelo al aumento del peso de la deuda en las cuentas públicas.

Plataformas privadas y soberanía digital

Otro aspecto que genera preocupación es el avance de plataformas privadas en áreas sensibles como salud y educación. En el caso de EduTech, se mencionan herramientas basadas en inteligencia artificial y servicios contratados a empresas externas, sin que se haya debatido públicamente la soberanía de los datos, los criterios de evaluación ni los impactos pedagógicos.

Share