La negociación bajo amenaza de sublevación de la fuerza armada provincial se terminó entablando con una desmadrada asamblea, sin interlocutores plenamente representativos.
Un día después de anunciar el reconocimiento de la representación sindical de los policías a la mutual Amuppol para discutir un aumento salarial al personal de la fuerza armada provincial, el gobierno de Francisco Pérez dio una vuelta carnero en el aire, rompió el pacto con Omar Alcalde, presidente de Amuppol, y ofreció un salario mínimo para los efectivos de $8.500 a pagarse con los haberes de enero.
El debate de la fuerza está desmadrado, no reconoce líderes ni ha permitido hasta el mediodía del martes normalizar el clima social. Hasta entonces, la situación presentaba tensiones con algunos focos de violencia puntuales y el miedo generalizado a los saqueos mientras se extendía el plazo de discusión interna en la fuerza, que tiene cerca de 10 mil efectivos en la provincia.
El lunes, Pérez instruyó a los ministros Carlos Aranda, de Seguridad, y Félix González, de Gobierno, al jefe de Gabinete, Eduardo Bauzá, y al representante paritario del Estado, Mauricio Guzmán, reunirse con Alcalde para acordar una agenda paritaria para intentar enfriar los ánimos en la fuerza incitados a la sublevación por las manifestaciones de más de la mitad de las policías del país. El gobernador celebró el acuerdo para otorgarle facultades sindicales a la mutual de Alcalde desde San Rafael, el lunes en la tarde.
Un rato después el vice, Carlos Ciurca, organizaba una nueva mesa de negociación, que rompía con el anuncio del mediodía. En minutos, el Gobierno comprobó que la tropa policial no le respondía al jefe de la mutual. El presidente del Senado armó en su despacho una negociación con dos representantes elegidos por los policías y familiares que se manifestaron en la Peatonal, dejando de lado al socio elegido y cerrado por Pérez unas horas antes.
La negociación abierta por Ciurca continuó el martes en la mañana en el Ministerio de Seguridad, con grupos policiales en debate permanente y distanciados en las pretensiones entre sí. En ese contexto, el gobierno propuso pagar mensualmente $8.500 como mínimo a los efectivos policiales.
