La arbitrariedad que le da la figura de averiguación de antecedentes a la policía para detener a personas es uno de los resortes en los que se sostienen en la práctica los apremios, torturas y asesinatos encuadrados en lo que se denomina gatillo fácil. La muerte de Leonardo Rodriguez, de 30 años, el sábado, en la Comisaría 27, de Godoy Cruz, es el último de muchos casos ocurridos en Mendoza en los que el accionar policial dejó toda clase de dudas.
"Se suicidó", sentenció la voz oficial del Gobierno de Mendoza, responsable político de la actuación de las fuerzas armadas provinciales. Pero ni los familiares ni los conocidos ni los vecinos de Leonardo Rodríguez se creyeron esa sentencia, que no fue acompañada de ninguna prueba por parte de los funcionarios del Estado. En los más populosos barrios que están bajo jurisdicción de la Comisaría 27 la creencia generalizada es que a Leonardo "lo mató la policía", como gritaron con dolor los participantes en una manifestación concretada el martes en la tarde frente a la Legislatura, que está cerrada por vacaciones.
En la denominada Casa de las Leyes duerme el sueño de los justos un proyecto de ley que deroga la facultad de los policías de llevarse presas a personas a causa de una supuesta averiguación de antecedentes sin tener que dar ningún tipo de explicación sobre los motivos de las detenciones.
Desde el FIT presentaron un proyecto para eliminar el inciso 3, del artículo 11, de la Ley 6.722, que establece la detención por averiguación de antecedentes. Esta figura fue introducida por el gobierno dictatorial del dirigente del Partido Demócrata Bonifacio Cejuela, en 1982; y en 1999 modificada (pero no derogada), bajando el tiempo de detención de 24 a 12hs.
"En diputados somos tres y en el Senado uno, te imaginás que es poco lo que podemos hacer contra la corporación que se sostiene en el poder en parte gracias al aporte de la represión policial", le dijo a este medio el diputado del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Héctor Fressina, quien acompañó a los familiares de Leonardo Rodríguez y de otras víctimas del gatillo fácil que se manifestaron el martes.
La presentación legislativa de la derogación de la herramienta que facilita las torturas y crímenes policiales se hizo en noviembre del año pasado en el marco de una audiencia pública con la participación de diferentes representantes de organizaciones concordaron con los motivos expuestos por las legisladoras y subrayaron que es necesario eliminar esta figura de la Ley provincial para evitar casos de abuso policial y gatillo fácil. Ningún representante legislativo de los partidos que controlan la Legilatura desde 1983 estuvo en la presentación.
Junto a los legisladores y dirigentes del Frente de Izquierda y los Trabajadores participaron de ese encuentro representantes de APDH San Rafael; de Correpi; de la Campaña contra la violencia institucional; de OCOVI (Organismo contra la violencia institucional); de la Liga por los Derechos del Hombre; de la Comisión para la prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes; representantes del Observatorio contra la Violencia Estatal; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; Xumec; H.I.J.O.S.; Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo; Conducción del CETEM; SUTE Godoy Cruz; PO; MIR y PTS. Además de la Secretaría Gremial y Extensión Universitaria; el Centro de estudiantes de UTN y UNCuyo y familiares de victimas del gatillo fácil policial, Nicolás Barrera, Fabio Basualdo, Jonathan Chandía, Gabriel Franco, Gustavo Tordoya, Claudio Gil y Ricardo Diaz.
"El gatillo fácil se permite porque la corporación política necesita a la policía para reprimir", razonó Fressina. Mendoza tiene un lugar en un podio despreciable dentro del país: es la tercer provincia con más muertos a manos de la Policía, según un informe de la asociación Correpi.
La ONG Gatillo Fácil, por su parte, relevó 21 muertes en 2014 causadas por abusos de agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario en esta provincia.
