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Alfredo Cornejo puso quinta a fondo en su pelea contra el juez Sebastián Sarmiento, con quien mantiene un enfrentamiento público por ciertas medidas que el gobierno busca vender como «garantistas» como garantizar que los presos en las cárceles puedan comunicarse con celulares o la liberación de presos que luego reincidieron tras el cumplimiento de sus condenas.
Sarmiento es uno de los jueces blanco fácil de Cornejo, integra el lote de los magistrados atacados cada vez que al oficialismo se le disparan los casos de inseguridad o hay casos resonantes de homicidios.
En este caso, Cornejo mandó a uno de sus diputados a anunciar un pedido de Jury de Enjuiciamiento. La solicitud, impulsada por el legislador de Cambia Mendoza Franco Ambrosini busca en los papeles analizar la actuación del magistrado en una serie de fallos que han generado controversia en la provincia.
El caso Pelayes, que marcó el punto de quiebre, puso de relieve una serie de decisiones judiciales que, para sus detractores, han favorecido la liberación anticipada de delincuentes con antecedentes graves. Héctor Pelayes, expolicía retirado, fue asesinado por un individuo que se encontraba en libertad condicional por decisión de Sarmiento.
El asesinato de ese policía retirado en contexto de un intento de robo puso el foco en la inseguridad en 2024, sin embargo el Gobierno rápidamente desvió la discusión hacia la Justicia, criticando que el delincuente que atacó al ex uniformado fue liberado por Sarmiento merced a una interpretación propia de las leyes.
Un golpe de efecto
El pedido de Jury fue presentado por Ambrosini y la hija de Pelayes buscando dar un golpe de efecto.
Recopiló otros fallos que el oficialismo vende como «polémicos» del magistrado. Entre ellos, la liberación anticipada de Cristian Reina Flores, quien luego asesinó a Héctor Quiroga en un intento de robo en 2017, y el caso de Fabián Olguín, liberado en 2020 pese a antecedentes de abuso infantil.
Otro punto que cuestiona Cornejo fue la decisión del juez Sarmiento de oponerse al retiro de celulares en las cárceles, lo que generó un enfrentamiento con el Gobierno provincial. Esta medida fue interpretada por el oficialismo como una extralimitación de funciones, atribuyéndose competencias que correspondían al Servicio Penitenciario.
El avance político del Jury
Desde la polémica por los celulares, el Jury de Enjuiciamiento comenzó a cobrar fuerza dentro del oficialismo. La vicegobernadora Hebe Casado había deslizado en su momento que la posibilidad de avanzar con el proceso disciplinario estaba sobre la mesa.
El proceso de Jury, compuesto por 14 legisladores y los siete ministros de la Corte provincial, analizará la denuncia y, de avanzar, podría derivar en la suspensión o destitución del juez Sarmiento.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre el oficialismo y el Poder Judicial sigue escalando, abriendo el debate sobre los límites entre garantías constitucionales y seguridad pública en Mendoza.
