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El gobernador Alfredo Cornejo presentó ante inversores institucionales en Londres las ventajas de Mendoza como destino seguro para grandes capitales; sin embargo, esta agenda oficial en la Residencia Oficial Argentina contrasta con una creciente preocupación local que señala que las concesiones otorgadas configuran un modelo de subordinación ambiental y económica bajo el diseño de una economía de enclave.
Para el oficialismo, la combinación de una demanda global de minerales críticos y la seguridad jurídica local colocan a la región en una posición de privilegio para captar financiamiento en la London Stock Exchange.
No obstante, las asambleas socioambientales y sectores académicos de la provincia advierten que este avance acelerado ignora la histórica crisis hídrica de la región. El principal cuestionamiento apunta a que las modificaciones normativas para agilizar los procedimientos mineros reducen los controles estatales sobre el uso del agua, un recurso vital y escaso que la vitivinicultura y el consumo humano disputan directamente con la actividad extractiva a gran escala.
Las sombras del RIGI: ¿Inversión o enclave?
El eje de la discordia se concentra en proyectos como PSJ Cobre Mendocino, ponderado en el Reino Unido por su cercanía a la Ruta Nacional 7 y por ser el primero en subirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La mirada crítica de economistas locales sostiene que las exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias que ofrece este régimen nacional desmantelan la capacidad de la provincia para retener valor agregado.
Al permitir la libre disponibilidad de divisas y la importación de insumos sin aranceles, el RIGI desincentiva el desarrollo de proveedores locales. Los críticos argumentan que Mendoza corre el riesgo de consolidar un enclave económico clásico: zonas de alta rentabilidad extranjera conectadas directamente con puertos en Chile para la exportación de materia prima en bruto, dejando en el territorio pasivos ambientales significativos y escaso empleo genuino a largo plazo.
El avance sobre Vaca Muerta y la energía
La comitiva oficial, acompañada por la embajadora Mariana Plaza y Javier Álvarez de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), también cosechó apoyos para perforaciones no convencionales en la lengua norte de Vaca Muerta junto a YPF. Para el Gobierno, esta expansión hidrocarburífera y los proyectos de almacenamiento de gas son estratégicos para el abastecimiento y la exportación hacia mercados regionales.
Desde la perspectiva ambiental, esta apuesta profundiza la dependencia de los combustibles fósiles mediante técnicas como el fracking, cuestionadas globalmente por su alto consumo de agua y el riesgo de contaminación de acuíferos subterráneos. Las voces críticas señalan una contradicción evidente en el discurso oficial, que por un lado exhibe parques solares privados para mostrar a Mendoza como líder en energías renovables, pero por el otro subsidia y promueve activamente la expansión de la frontera extractivista convencional y minera.
Flexibilización impositiva y judicial
Finalmente, la comitiva mendocina destacó en Europa la reforma de los Códigos Procesales Civiles y laborales como herramientas clave que redujeron la litigiosidad en un cincuenta por ciento, sumado a la promesa de eliminar el impuesto de Sellos para garantizar un bajo costo fiscal. Lo que el Gobierno describe como un óptimo «clima de negocios», sectores sindicales y juristas críticos lo definen como una desprotección de los derechos laborales y una pérdida de soberanía tributaria en favor de corporaciones multinacionales que, amparadas por contratos blindados hasta 2029, operarán con mínimos controles estatales.
