Tiempo estimado de lectura: 4 minutos
El próximo jueves 16 de julio el Senado sesionará con un temario con el que los libertarios pretenden mostrar músculo y poder de fuego para imponer sus leyes. El eje será el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que introduce cambios profundos en normativas clave: expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y, de manera central, la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que regula la compra de tierras por parte de extranjeros. “Cambió mucho el dictamen original”, reconoció un senador en la reunión de Labor Parlamentaria, donde se acordó que las modificaciones —14 versiones hasta ahora— se revelarán directamente en el recinto.
La discusión no es aislada. Como advierte el Observatorio de Tierras, se inscribe en una embestida general sobre los marcos que regulan el uso, la propiedad y el control del territorio en la Argentina. La modificación o derogación de leyes como la de Tierras Rurales y la de Glaciares se propone “profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero”.
El mapa de la extranjerización
El Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina, actualizado por la UBA y el CONICET en marzo de este año, ofrece una radiografía precisa: 5,02% del territorio nacional está en manos extranjeras, unos 13 millones de hectáreas, “equivalente a toda Inglaterra”. Pero la “letra chica” revela focos críticos donde la soberanía parece haber cedido. En ese mapa, Mendoza ocupa un lugar central, y un departamento se tiñe de rojo: Malargüe. No es casual, advierten en el Observatorio que la mayoría de las tierras codiciadas están en la frontera y son ricas en minerales o nacientes de agua.
Según los datos, de las 4.130.600 hectáreas rurales de la provincia, 608.739 están bajo dominio extranjero en Malargüe, lo que representa el 15% de la superficie total del departamento. Ese número coincide con el límite máximo que establece la Ley 26.737. En términos técnicos, Malargüe está “bloqueado” para seguir vendiendo tierras a manos extranjeras: no se puede vender ni un metro cuadrado más.
Agua, minerales y frontera
El informe del CONICET advierte que el capital extranjero ya no busca solo tierras fértiles, sino activos críticos vinculados a la crisis climática y energética global. En Malargüe, la posesión de la tierra coincide con tres factores clave:
- Recursos hídricos: las estancias extranjerizadas contienen cabeceras de cuenca y glaciares que alimentan los ríos del sur.
- Energía y minería: gran parte de esas 600.000 hectáreas se asientan sobre tierras ricas en cobre y potasio, en la frontera con Vaca Muerta.
- Seguridad de frontera: casi toda la superficie extranjerizada se encuentra en la Zona de Seguridad de Frontera, vulnerada por excepciones administrativas y triangulaciones societarias.
El estudio del Observatorio de Tierras indica que, según los datos actualizados a agosto de 2025, de las 4.130.600 hectáreas rurales que componen la provincia, 608.739 están bajo dominio extranjero en ese departamento.
La cifra representa el 15% de la superficie total del departamento. Ese número es el límite máximo —el "techo" legal— que establece la Ley 26.737 (Ley de Tierras) sancionada en 2011. En términos técnicos y jurídicos, Malargüe estaría "bloqueado" para seguir vendiendo tierras a manos extranjeras. Bajo la legislación vigente, no se puede vender ni un metro cuadrado más de tierra rural a un ciudadano o empresa extranjera en ese territorio.
Ingleses le compraron Las Leñas a Elsztain
El Grupo Walbrook, de origen británico y capitales malayos, controla el 97% del centro de esquí Las Leñas, tras adquirir la mayor parte del paquete accionario a la firma IRSA, de Eduardo Elsztain. Su dominio no se limita a las pistas; son propietarios de los hoteles emblemáticos Piscis, Escorpio y Aires, pilares del turismo de lujo en la provincia.
Además posee extensas áreas estratégicas como la Laguna Niña Encantada y el Valle Hermoso. La comunidad local denuncia la privatización de áreas de montaña y la restricción del acceso a recursos naturales que deberían ser públicos.
La cordillera como escenario de disputa
El Observatorio de Tierras muestra que en Malargüe hay más de 600 mil hectáreas en manos extranjeras, junto con 11 mil hectáreas de área glaciar y proyectos mineros de uranio, potasio, oro, cobre e hierro. Allí habita un tercio de las comunidades indígenas de Mendoza, seis de ellas con relevamiento concluido. Gran parte de estas comunidades lindan con explotaciones como la de uranio de la canadiense Blue Sky Uranium Corp.
La cordillera andina constituye uno de los principales sistemas hídricos naturales del país. El Inventario Nacional de Glaciares identificó cerca de 17.000 cuerpos de hielo que alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen a casi el 20% de la población nacional. Aunque representan apenas el 1% del territorio cordillerano, su valor estratégico es desproporcionado.
Quiénes son los principales propietarios
Estados Unidos encabeza la cantidad de tierras en manos extranjeras con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada en Argentina. Para dimensionar: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán. La presencia de magnates como Joe Lewis en Lago Escondido (Río Negro) o Luciano Benetton en la Patagonia se convirtió en símbolos de un proceso que comenzó en los años noventa y que aún hoy genera controversias.
Protección o mercado libre
El estudio de la UBA y el Conicet dedica un apartado técnico a explicar la erosión del control estatal. Menciona que en 2016, mediante el Decreto 820, se flexibilizaron los requisitos para las compras extranjeras, permitiendo a las empresas informar cambios en sus socios después de haber concretado las operaciones. Esto generó una "opacidad societaria" que dificulta saber quién es el dueño real detrás de una empresa radicada en Argentina.
El decreto 70/23 incluyó en su artículo 154 la derogación de la Ley de Tierras, argumentando que es un obstáculo para la llegada de dólares. No obstante, un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) logró frenar la medida, bajo la premisa de que la tierra es un recurso natural no renovable vinculado a la integridad nacional. Ahora la reforma vuelve a colarse, bajo otro pquete de leyes que tratará este jueves el senado nacional.
Una ley en disputa
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, fue respuesta a décadas de ventas irregulares. Estableció un límite del 15% por provincia y departamento. Pero en 2016 el Decreto 820 flexibilizó controles y redefinió quién era considerado extranjero, reduciendo porcentajes oficiales sin reflejar la realidad. En 2023, el DNU 70 derogó la ley, aunque un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas frenó la medida.
El Senado vuelve a poner el tema en agenda. Lo que se discute no es solo un marco normativo, sino quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Como señala el Observatorio: “Allí donde se localizan bienes comunes críticos como el agua, avanzan de manera simultánea proyectos extractivos, capitales transnacionales y procesos de concentración de la tierra, configurando escenarios donde la disputa por los recursos se traduce también en una pérdida efectiva de soberanía”.
