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La Legislatura mendocina se prepara para un debate que promete ser histórico. El martes 25 de noviembre, en el último plenario de comisiones, se tratará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. El oficialismo busca dictamen favorable para llevarlo al recinto de Diputados el miércoles 26, catorce años después de su rechazo por 44 votos negativos y 4 ausencias.
Cornejo tradujo el aval de las urnas en licencia social para avanzar con la megaminería
El proyecto, que propone la extracción de oro y cobre a gran escala en el valle de Uspallata, fue frenado en 2011 por la resistencia social y el rechazo legislativo. Hoy, el gobernador Alfredo Cornejo interpreta el reciente triunfo electoral como un espaldarazo para relanzar la iniciativa, ahora bajo un contexto político y social muy distinto.
Esta vez San Jorge se discutirá en medio de una gran avanzada del oficialismo que incluye leyes blandas relajamiento de licitaciones, ofensiva federal contra la Ley de Glaciares e incluso la creación de una guía por parte de Mendoza para hacer minería en zonas donde coexistan los periglaciares.
Ofensiva de Estados Unidos
Allí el gobernador Alfredo Cornejo se convirtió en el primer mandatario provincial recibido por Peter Lamelas desde su reciente asunción como embajador. El gesto diplomático no es menor: Estados Unidos parece tener prisa por acercarse a una provincia cuyo subsuelo guarda minerales estratégicos para la transición energética global. San Jorge fue uno de los temas de los que hablaron Cornejo y Lamelas como punta de lanza de la entrada de la megaminería metalífera en Mendoza.Vigilia y movilización en las calles
Las Asambleas por el Agua y movimientos sociales anunciaron una vigilia en la plaza Independencia y protestas frente a la Legislatura durante el tratamiento.
Apelan a repetir la masividad de diciembre de 2019, cuando la movilización logró frenar la reforma de la Ley 7722. El oficialismo, en cambio, confía en que el escenario actual —con una oposición menos numerosa y más concentrada en grupos activistas— sea favorable al avance de San Jorge.
Espaldarazo electoral y paquete de leyes
Cornejo esperó el triunfo del 26 de octubre, con el 53,63% de los votos para la alianza LLA-UCR, para enviar la DIA a la Legislatura. En paralelo, remitió un paquete de leyes que incluye la Ley de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental, administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente. La estrategia oficialista busca dar un marco institucional al avance de la minería metalífera.
La provincia planteó un proyecto para bajar las regalías a pedido de las empresas
En soledad, el diputado José Luis Ramón impulsa un dictamen en contra, tras recibir en la Comisión de Derechos y Garantías a vecinos y organizaciones sociales que resisten el proyecto, muchos de ellos judicializados por protestas contra San Jorge. Pasaron por allí, entre otros, Liza Rule Larrea, Martín Iglesias, Nora Moyano y Federico Soria, quienes fueron judicializados con denuncias tras protestar contra el avance de la megaminería. Denunciaron la persecución judicial que enfrentan por su participación en las movilizaciones. La audiencia se enmarca en la Denuncia Nº 87517 y busca visibilizar las consecuencias sociales y ambientales del emprendimiento, más allá del debate técnico sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Dictámenes técnicos lapidarios
Aunque el CEO de San Jorge, Fabián Gregorio, celebró el envío del proyecto asegurando que las exigencias “no afectan negativamente” a la empresa, los informes técnicos son contundentes:
- UNCuyo advirtió sobre el drenaje ácido de roca.
- Facultad de Ciencias Médicas desaconsejó el uso de químicos nocivos.
- Dirección de Hidráulica cuestionó la captación de agua del arroyo El Tigre y el tamaño del dique de colas.
- OIKOS Ambiental anticipó una reducción del 45% del caudal.
- Conicet denunció graves deficiencias metodológicas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El geólogo José María Cortés señaló afectaciones invisibilizadas a los cursos de agua que abastecen Uspallata y potencialmente al Gran Mendoza.
La avanzada sobre la Ley de Glaciares
En el sprint final, el Gobierno Nacional abrió otra polémica: la modificación de la Ley de Glaciares para habilitar minería en zonas periglaciares. Mientras el presidente Javier Milei aseguró que la idea provino de Cornejo, la ministra Jimena Latorre lo negó, aunque admitió que la Provincia elaboró un protocolo para operar en territorios con presencia de glaciares y ambientes periglaciares.
Ese documento, la Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza, establece criterios para caracterizar y eventualmente explotar zonas hídricas estratégicas.
Diez puntos críticos del protocolo que impulsa el Gobierno para minar en periglaciares
Washington observa
El debate mendocino se inscribe en un tablero geopolítico mayor. La Casa Blanca difundió un acuerdo estratégico con Argentina para garantizar la oferta de minerales críticos destinados a la transición energética. La presión por flexibilizar la Ley de Glaciares aparece como condición implícita para consolidar el rol del país en la relación bilateral.
San Jorge como símbolo
Más que un yacimiento, San Jorge se convierte en símbolo de la disputa entre desarrollo económico y defensa ambiental, entre soberanía provincial y acuerdos internacionales. La decisión que se tome marcará el rumbo político, económico y social de Mendoza, y definirá si la provincia cambia —o no— su matriz productiva bajo la bandera de la megaminería.
