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En 2019, Hierro Indio fue presentado como el proyecto testigo que marcaría el regreso de la minería metalífera en Mendoza. No por su tamaño geológico, sino por su peso político: fue el primer emprendimiento que el Gobierno logró imponer asegurando que la explotación se enmarcaba bajo procedimiento de la Ley 7.722, obteniendo aval legislativo para su etapa de exploración. El gobierno provincial lo celebró como un símbolo de que la minería podía avanzar dentro del marco regulatorio mendocino.
Sin embargo, siete años después, el panorama es muy distinto. El proyecto que nació como bandera institucional se ha reducido a una operación de pequeña minería, con características más cercanas a una cantera industrial que a una explotación metalífera de envergadura. Y lo más grave: tras un millón de dólares de inversión pública, el emprendimiento baja de categoría y posterga sus inicios, dejando al descubierto una brecha entre expectativas políticas y resultados técnicos.
El millón de dólares invertido po el Estado
El Estado provincial asumió el llamado “riesgo exploratorio” y destinó alrededor de US$1 millón para financiar perforaciones, estudios geológicos y trabajos técnicos. Se perforaron 42 pozos, se obtuvieron 2.580 metros de muestras y se realizaron análisis de laboratorio que, según el Ejecutivo, podrían cubrir hasta el 30% del hierro que hoy se importa en Argentina.
El gobierno celebró la creación de 25 puestos de trabajo directos en esta tarea, empleo indirecto para proveedores locales y pasantías para jóvenes técnicos. Pero más allá de esos beneficios puntuales que no son de magnitud, el interrogante central es qué quedó de esa inversión. Hoy, con el proyecto reducido a una escala menor, la relación entre el gasto exploratorio y el capital total necesario para la explotación resulta llamativa: más del 30% del CAPEX ya fue absorbido por la etapa inicial, un porcentaje inusual en minería.
La baja de categoría del proyecto
El Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de explotación confirmó el cambio de escala. La propuesta productiva dejó atrás la expectativa de un desarrollo metalífero de mayor envergadura y pasó a plantear una operación de pequeña minería: dos canteras a cielo abierto, sin procesos de concentración ni tratamiento metalúrgico, con una producción máxima de 80.000 toneladas anuales de mineral triturado durante diez años.
En comparación, muchas operaciones de hierro de escala media producen entre uno y cinco millones de toneladas anuales. Lo que se presentó como un proyecto estratégico terminó convertido en una cantera de magnetita destinada a abastecer principalmente a la industria cementera.
Postergación de seis meses
El dictamen de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo sobre el IIA abrió una nueva etapa técnica. Las observaciones abarcan desde la metodología de evaluación de impactos hasta la caracterización de recursos hídricos, la estabilidad geotécnica, la línea de base de flora y fauna y el plan de cierre.
Frente a la magnitud de los requerimientos, la empresa Hierro Indio S.A. solicitó una prórroga de 180 días para elaborar respuestas y completar la información. Esto implica que el inicio de la explotación se posterga al menos seis meses, en un contexto donde el proyecto ya arrastra años de demoras y cambios societarios. El expediente ambiental, lejos de avanzar, se encuentra en un punto de reformulación.
La conducción societaria de Hierro Indio S.A. también refleja el viraje del proyecto. Tras la salida de su impulsor original, Guillermo Re Kühl, el directorio quedó conformado por Rafael Dahl como presidente, Santiago Fernández Herrero en representación de Impulsa Mendoza como vicepresidente, y los directores Ezequiel Yusin y Andrés Berengua. La presencia del Estado provincial a través de Impulsa Mendoza confirma que el gobierno no solo financió la exploración con fondos públicos, sino que además se involucró directamente en la estructura societaria, reforzando las dudas sobre el alcance de su responsabilidad en el rumbo actual del emprendimiento.
Del bochazo a Paco Pérez a a batalla contra la 7722
Hierro Indio nació como símbolo político y se convirtió en un caso testigo. Es el proyecto que quiso imponer Francisco Pérez en el último tramo de su gobernación y como puerta de entrada a otra iniciativa megaminera: el proyecto San Jorge. Sin embargo, la UCR le bloqueó esa chance, y finalmente Pérez no pudo convencer ni siquiera a los de la propia tropa.
Pero poco después Alfredo Cornejo abandonó las banderas ambientalistas que supuestamente defendía, y reflotó Hierro Indio. En el debate legislativo en la que se aprobó, a fines de 2019, la DIA del proyecto, fueron varios los legisladores que plantearon que había que derribar la Ley 7722, algo que intentaría Rodolfo Suarez poco después, fracasando con todo éxito con la ley del cianuro.
