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El Tribunal de Gestión Asociada Segundo de Mendoza dispuso la unificación de tres acciones de amparo que buscan frenar el desarrollo del proyecto minero de oro y cobre PSJ – Cobre Mendocino en Uspallata. La resolución, firmada por la jueza Jorgelina Iermoli Blanco, determinó que las demandas presentadas por asambleas, fundaciones y comunidades originarias sean tramitadas bajo un mismo tribunal para evitar fallos contradictorios, dada la evidente «conexidad» y la identidad del demandado: el Gobierno de la Provincia de Mendoza.
El conflicto central se originó tras la sanción en diciembre de 2025 de la Ley Provincial N.º 9684, norma que ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de cobre. A partir de allí, diversos actores sociales acudieron a los tribunales denunciando la inconstitucionalidad de la ley y el riesgo inminente sobre los recursos hídricos de la región.
Un frente judicial diverso pero con un mismo objetivo
El expediente principal (N.º 287132) había sido iniciado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a la Asociación Civil de Uspallata «El Suri» y una lista de ciudadanos particulares entre los que se encuentran Oscar Daniel Funes, Carla Yanina Vicario Martínez, María de Belén Galdame, Pilar Castilla, Miguel Ángel Rodríguez, Alberto Kobayashi, Aixa Gabriela Pujol, Mariano Nadalich y Marcelo Giraud. Esta demanda madre exige declarar la inconstitucionalidad de la normativa minera.
A este reclamo se sumaron posteriormente otras dos presentaciones que ahora fueron formalmente acopladas. Por un lado, el expediente N.º 287138, impulsado por la Comunidad Huarpe Guaytamari y la Fundación Cullunche para la Protección del Ambiente, la Flora y la Fauna. Este frente no solo ataca la ley, sino que pide la nulidad absoluta de las resoluciones de la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental que otorgaron la DIA de forma condicionada.
Por otro lado, el amparo N.º 287141, presentado a título individual por el ciudadano Alder Damián Corsanigo, añade una preocupación vital de los lugareños: la adopción de medidas urgentes y eficaces para garantizar el sostenimiento del caudal del arroyo El Tigre, una de las principales fuentes de agua de la zona expuesta al impacto de la actividad.
La estrategia del Tribunal: Tramitación separada, veredicto único
Para tomar esta decisión, la magistrada se respaldó en el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y en los artículos del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza (CPCCyT). El argumento central es que, al compartir el mismo objeto (la nulidad de la DIA del Proyecto San Jorge) y el mismo sujeto pasivo (el Estado provincial), la sentencia que se dicte en cualquiera de ellos producirá un efecto de «cosa juzgada» sobre los demás.
Sin embargo, para evitar que la complejidad de unificar a tantos demandantes genere «graves retardos» en los procedimientos, la jueza optó por una ingeniería procesal mixta. Dispuso la «sustanciación separada» de las causas. Esto significa que cada amparo continuará produciendo sus pruebas de manera independiente y a su propio ritmo, pero con el compromiso de que, una vez concluidos los plazos, se dictará una sola y única sentencia definitiva para todos.
La reanudación de los plazos procesales pone nuevamente en marcha un litigio ambiental histórico en Mendoza, donde la sociedad civil y las comunidades originarias han decidido dirimir en los estrados judiciales el modelo de desarrollo de sus recursos naturales.
