Tiempo estimado de lectura: 1 minutos, 55 segundos
Con la firma de Manuel Adorni y Luis Caputo, la Decisión Administrativa 20/2026 oficializó un recorte de al menos $2,5 billones en el Presupuesto. Bajo la fachada de una “reestructuración”, se retiraron miles de millones de programas sociales, sanitarios, educativos y científicos. El equilibrio fiscal se persigue con la motosierra aplicada sobre derechos básicos: medicamentos oncológicos y antirretrovirales, obras de agua potable y cloacas, universidades nacionales y proyectos científicos.
Mendoza, donde Alfredo Cornejo se postuló desde el inicio como garante político del plan de ajuste de Javier Milei, es una de las provincias afectadas por el nuevo guadañazo a las partidas. Obras viales, la UNCuyo y hasta la remediación de Sierra Pintada cayeron en la volteada.
Salud y educación en emergencia
El área de Salud Pública perdió $63.021 millones. El programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica quedó sin $20.000 millones, poniendo en riesgo tratamientos de alta complejidad. Se recortaron $5.000 millones en cáncer y $800 millones en VIH, hepatitis y tuberculosis.
El INCUCAI y el Malbrán también sufrieron podas millonarias. En Educación, la Secretaría perdió $78.768 millones. El Plan Nacional de Alfabetización quedó sin $35.288 millones, se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente y trece universidades nacionales vieron reducidas sus partidas de infraestructura.
Provincias sin obras
El ajuste sobre gobernadores e intendentes supera los $970.000 millones. Se paralizaron obras hídricas esenciales como el Acueducto Vipos en Tucumán, la planta depuradora de Rafaela en Santa Fe y el acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia en Chubut.
Mendoza en el centro del recorte
La provincia sufrió un golpe directo en infraestructura vial: $2.025 millones menos para la autopista de la Ruta 40, $574 millones en la Variante Palmira y $315 millones en el proyecto de refuncionalización del túnel ferroviario hacia Chile. En seguridad vial se perdieron $940 millones y otros $940 millones en obras clave —puentes, viaductos, alcantarillas y túneles—. La conservación rutinaria de rutas nacionales se redujo en $767 millones y el tramo hacia el sur mendocino perdió $574 millones.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con sede en Mendoza, vio recortados $386 millones en control de genuinidad, además de quitas en equipamiento, seguros y servicios básicos. También se redujeron $600 millones para la remediación ambiental en San Rafael y $157 millones para el Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján de Cuyo. La Justicia Federal perdió $2.043 millones, afectando directamente al personal permanente.
La tijera indiscriminada
Un posteo del periodista Nicolás Tereschuk sintetiza la lógica del ajuste: “Agarran un número general y lo dividen por cada programa de obras… sean obras de mantenimiento en Buenos Aires, San Luis, Misiones, Chaco u obras de Seguridad en Mendoza, Santa Fe, La Rioja, Chubut. A todas se les recorta: –$940.523.960”.
La frase refleja la ausencia de criterios sectoriales o territoriales: la tijera se aplica de manera uniforme, sin evaluar necesidades ni impactos locales.
El trasfondo político
Mientras se recortan medicamentos, salarios docentes y obras de agua potable, el decreto incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES. La contradicción es evidente: se ajusta sobre provincias, universidades y hospitales, pero se amplían partidas para litigios previsionales.
El resultado es un país donde el “superávit” se logra a costa de derechos básicos y de la capacidad de las provincias de sostener servicios esenciales. Mendoza aparece como un caso testigo de cómo el ajuste nacional se traduce en parálisis de obras, debilitamiento institucional y retroceso productivo.
