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El especialista Ariel Garbarz advirtió que Peter Thiel, dueño de la plataforma de macrodatos Palantir, ofreció a Javier Milei un modelo de gobierno basado en vigilancia masiva y cruce de datos, con antecedentes en Estados Unidos, Israel y Europa. La propuesta, según el perito, amenaza con transformar la relación entre Estado y ciudadanía.
Un ofrecimiento con antecedentes globales
El ingeniero en telecomunicaciones y perito en inteligencia artificial Ariel Garbarz alertó sobre un ofrecimiento que, de concretarse, podría redefinir el modo de gobernar en la Argentina. Según relató el experto en un foro abierto, Peter Thiel —magnate tecnológico y fundador de Palantir— habría puesto a disposición de Javier Milei sus servicios para “gobernar con datos cruzados” y controlar a la ciudadanía.
El modelo, explicó Garbarz, ya se aplicó en Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump, con acceso a bases de 26 reparticiones públicas, incluidas la CIA y el ICE, para deportar inmigrantes y reforzar la vigilancia. También se implementó en Gran Bretaña, Israel y tres estados federales de Alemania.
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El rol de Bullrich y la UTN
Garbarz recordó que Thiel había hecho la misma propuesta en noviembre de 2024, cuando Milei recién asumía. En ese momento, el Presidente delegó el tema en Patricia Bullrich, quien buscó cerrar un contrato especial con Palantir a través de la Agencia de Migraciones. La operación incluía la participación de Diego Valenzuela.
El especialista señaló que su equipo en la UTN había desarrollado un software capaz de bloquear Pegasus, pero que Palantir representa “otra cosa”: un salto tecnológico que, según él, resulta indetectable. “Pensé que, paradójicamente, íbamos a ganar tiempo cuando Karina Milei abortó el negocio, pero no”, comentó.
El decreto que habilita la unificación de datos
La principal preocupación de Garbarz es que Palantir podría servir de soporte para la unificación de todas las bases de datos del Estado nacional. El artículo 15 del decreto 941/25 de la SIDE contempla la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), que integraría información de organismos como ARBA y el Renaper.
La oposición expresó su rechazo al decreto mediante declaraciones aisladas en el Congreso, pero hasta ahora no logró revertirlo. Desde el bloque peronista admiten que intentarán incluirlo en el temario de una sesión especial, aunque reconocen las dificultades para reunir quórum.
Un “monstruo digital” de control social
En redes sociales, Garbarz definió a Palantir como “un monstruo digital de vigilancia y control social que cambia la forma de gobernar la Argentina”. A su criterio, el contrato con la empresa se legalizaría en el país bajo el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, financiado con fondos públicos y sin publicación completa.
“El sistema es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico”, advirtió. Para el especialista, la plataforma puede manipular la voluntad popular y entregar datos del Estado a una corporación extranjera.
El perfil ideológico de Thiel
Peter Thiel, uno de los grandes billonarios tecnológicos, se declara libertario, aunque su fortuna se construyó en base a contratos con agencias estatales como la CIA y el Pentágono. Actualmente se lo vincula al movimiento neorreaccionario (NRx), que sostiene que las democracias liberales de Occidente son una experiencia fallida y deben ser reemplazadas por formas autoritarias o tecnocráticas de gobierno.
Thiel llegó incluso a proponer una “neo monarquía” y a señalar el voto femenino como causa de la supuesta decadencia de Occidente. Los paralelos con la retórica de “Milei Emperador” no pasaron desapercibidos.
Un escenario abierto
Mientras tanto, el decreto de la SIDE sigue vigente. La impericia política del gabinete de Milei mitiga parcialmente la amenaza sobre las garantías ciudadanas, pero no la elimina. La oposición busca articular una estrategia parlamentaria para frenar la iniciativa, aunque enfrenta obstáculos internos y externos.
En este contexto, la advertencia de Garbarz resuena como un llamado de atención: la Argentina podría estar a las puertas de un modelo de gobierno sustentado en la vigilancia masiva y el control digital, con implicancias profundas para la democracia y los derechos ciudadanos.
