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El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, confirmó que las universidades no aceptarán como condición el levantamiento de la presentación judicial ante la Corte Suprema por el financiamiento universitario. La definición llegó tras la reunión con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, donde se discutió una propuesta de recomposición para el sistema universitario. Aunque hubo avances, la exigencia del Ejecutivo de retirar la demanda fue considerada “inaceptable”.
El conflicto recrudece en la previa de las elecciones para elegir un nuevo rector o rectora para la UNCuyo, donde el oficialismo, ejercido por los conejistas Esther Sánchez y Gabriel Fidel, son socios de Javier Milei a través de su mentor político: Alfredo Cornejo.
Bartolacci sostuvo que el encuentro dejó dos conclusiones centrales: el reconocimiento oficial de la crisis universitaria y la evidencia de que existen recursos para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. “Hay condiciones objetivas para comenzar a aplicar la ley y los recursos están”, afirmó en diálogo con Radio Universidad de Rosario.
La condición oficial y la respuesta académica
El Gobierno planteó como requisito que las universidades desistieran de la acción judicial. Sin embargo, el CIN ratificó que la presentación ante la Corte Suprema es un resguardo institucional. “Nunca vamos a desestimar una presentación que oficia de garantía”, subrayó Bartolacci. Para las autoridades académicas, la demanda judicial asegura que cualquier acuerdo futuro tenga respaldo y continuidad.
En paralelo, el rector rosarino insistió en que las respuestas más urgentes deben concentrarse en la recuperación salarial y en las becas estudiantiles. “Es importante que empiece a recomponerse la situación, sobre todo en términos salariales, convocando a la paritaria y actualizando becas”, señaló.
La propuesta del Gobierno
La oferta discutida contemplaba una recomposición salarial del 24,3%, con un pago del 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. Además, incluía una comisión técnica para resolver la aplicación de lo que resta de 2024, modificaciones en la garantía salarial docente, una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento universitario y fondos adicionales para hospitales universitarios.
El esquema también preveía la reapertura periódica de la negociación salarial, con paritarias cada tres meses ajustadas a la inflación. Para Bartolacci, este punto desarma el argumento oficial sobre la falta de recursos. “Si están los recursos, que empiecen a ponerse esos recursos, que convoquen a una paritaria y que aparezcan respuestas”, reclamó.
Nerviosismo oficial y presión social
La negociación se desarrolla en un contexto de nerviosismo dentro del oficialismo libertario, atento a un posible fallo adverso de la Corte Suprema. Bartolacci reconoció que no existen plazos para una resolución judicial, pero destacó la fuerza de la presión social expresada en las movilizaciones universitarias. “La sociedad argentina está pidiendo respuestas a la situación universitaria”, afirmó.
Según el titular del CIN, esas condiciones políticas y sociales son más determinantes que la vía judicial para forzar respuestas. “Nunca estuvimos tan mal como ahora”, advirtió, al marcar la diferencia profunda sobre el rol que debe ocupar la universidad pública en las prioridades del Estado.
La decisión en manos del Ejecutivo
Tras la reunión del Comité Ejecutivo del CIN, no hubo pronunciamiento formal. Bartolacci dejó en claro que la próxima decisión corresponde al Poder Ejecutivo: “No va a haber modificación en la posición del Consejo Interuniversitario Nacional respecto de esa requisitoria”. El mensaje es claro: las universidades no retirarán la demanda judicial y esperan que el Gobierno avance en la aplicación de la ley de financiamiento.
El conflicto, así, se mantiene abierto. Mientras las universidades ratifican su estrategia de defensa institucional y social, el Gobierno debe definir si está dispuesto a poner en práctica los puntos acordados sin exigir la desestimación de la demanda. La tensión entre ambas partes refleja, en definitiva, una disputa más amplia sobre el lugar de la educación superior en el proyecto de país.
