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El proyecto minero Don Luis y Otro, destinado a la exploración de litio en el sur de Mendoza, dio un paso decisivo en la Legislatura. En plenario, las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente y Recursos Hídricos, y Economía, Energía, Minería e Industrias otorgaron despacho favorable por mayoría en Diputados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ya tiene media sanción del Senado. El proyecto Don Luis es un emprendimiento de prospección y exploración de litio en manos de la australiana Ampere Lithium y su subsidiaria local, El Jarillar S.A.
Las comisiones, presididas por Beatriz Martínez (UCR), Érica Pulido (UCR) y María Fernanda Kaufman (LLA), avanzaron así en la ratificación de un expediente que abarca 234.256 hectáreas en los departamentos de San Rafael y Malargüe. El procedimiento, según la fundamentación oficial, incluyó audiencias públicas en ambas localidades, visitas técnicas y la publicación de la documentación en formato físico y digital.
Sin embargo, el bloque del Partido Justicialista optó por abstenerse. El diputado Gustavo Perret advirtió que “todavía persisten algunas dudas” respecto de las unidades de permiso de exploración y la necesidad de separar las etapas de prospección y exploración. La diputada Verónica Valverde se sumó a la abstención, reflejando las tensiones políticas que rodean el proyecto. En el Senado, el PJ votó dividido:
#Ahora en Mendoza#litio en el Sur
⚠️ El PJ voto dividido y colaboró con la media sanción a la DIA de Don Luis en el Senado. Al cornejismo le sobraron los votos pic.twitter.com/TCs3gnkAPh
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) May 26, 2026
Un emprendimiento de magnitud inédita
El proyecto, impulsado por Cordillera Ventures, Eduardo Piñero y El Jarillal S.A., abarca una superficie equivalente a un departamento entero de Mendoza. Con 230.000 hectáreas (2.340 km²), se ubica como el octavo más grande de la provincia, superando a Rivadavia y apenas por debajo de Tupungato.
Las organizaciones sociales sostienen que esta dimensión convierte al emprendimiento en un caso de especial relevancia, con impactos potenciales sobre cuencas hídricas, áreas protegidas y comunidades locales.
Objeciones legales y técnicas
Uno de los principales cuestionamientos es la aplicación de la Ley 7722, norma central de la política ambiental mendocina. Según las denuncias, el expediente trata como una sola las etapas de prospección y exploración, cuando la ley exige informes y aprobaciones diferenciadas.
Además, el artículo 5 de la misma ley establece la participación de todos los municipios de la cuenca involucrada. En este caso, el departamento de General Alvear no emitió dictamen sectorial, pese a que el proyecto atraviesa el río Atuel, recurso vital para la región.
La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNC) señaló respuestas insuficientes en aspectos como cantidad de perforaciones, apertura de caminos y definición de depósitos. También persisten contradicciones sobre la profundidad de los pozos: algunos informes hablan de perforaciones de 90 a 140 metros, mientras otros mencionan hasta 600 metros.
Áreas protegidas y ciencia en riesgo
El proyecto involucra zonas de alto valor ecológico, como la Reserva Natural Laguna Las Salinas y el sitio Ramsar Laguna Llancanelo, protegido internacionalmente. Los mapas presentados no permiten determinar con claridad si el emprendimiento invade sectores protegidos.
Otro punto crítico es la ausencia de relevamiento sobre el Observatorio Pierre Auger, con más de 1.600 detectores instalados en la zona. Tampoco se cuenta con dictámenes científicos clave, como el del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), que no pudo emitir opinión por falta de presupuesto.
La voz de las comunidades
Las organizaciones sociales y asambleísts denuncian un relevamiento social insuficiente. Mientras la Municipalidad de Malargüe reconoce la presencia de los lof Yanten Florido y Epv Levfv, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sostiene que no existen comunidades superpuestas. Esta contradicción refuerza la necesidad de estudios más completos.
La Legislatura mendocina deberá decidir si aprueba la DIA en medio de estas denuncias. Para las empresas, se trata de un paso necesario para avanzar en la exploración de un recurso estratégico en el mercado global. Para las asambleas, en cambio, el expediente presenta irregularidades legales y técnicas que ponen en riesgo el agua y los territorios.
