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"La presión en las calles logró que el Gobierno diera marcha atrás con el capítulo de la Ley de Tierras. Es una muestra de que la movilización sirve, pero todavía queda mucho por defender". Con esa consigna, las Asambleas por el agua de Mendoza redoblaron la convocatoria a manifestarse en las calles contra el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo 3 cayó debido a que el oficialismo no logró reunir los votos necesarios.
Se cayó la ampliación de la extranjerización de la tierra que impulsó el presidente Javier Milei con la potencia del aparato del Estado. No obstante, sigue en pie el resto de los capítulos de la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", en general destinados a saldar demandas de los sectores más ricos.
A un día del debate en el Senado, el oficialismo se rindió ante la evidencia surgida de la estricta matemática parlamentaria frente al capítulo de la iniciativa que institucionalizaba la gesta libertaria por la expansión del territorio nacional en manos de capitales extranjeros. Se trata de una normativa demandada por los magnates tecnológicos que encabezan el establishment de Estados Unidos, a los que el mandatario argentino cuenta entre sus apoyos políticos.
El contexto legislativo
La decisión de dar de baja el capítulo sobre tierras se tomó en una reunión de urgencia encabezada por Bullrich junto a referentes aliados en las oficinas del radicalismo. Estuvieron presentes figuras como Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado; Eduardo Vischi, titular de la bancada radical; y legisladores como Luis Juez, Natalia Gadano, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut, Flavia Royón, Edith Terenzi, Carlos “Camau” Espínola, además de los representantes del PRO Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.
El oficialismo buscaba elevar al 25% el tope máximo de tierras en manos extranjeras, pero la resistencia interna y la presión social obligaron a postergar el debate. El consenso alcanzado fue habilitar a las provincias a definir sus propias regulaciones.
Los reclamos sociales
La movilización de este jueves frente al Congreso y en plazas de todo el país refleja el rechazo a un paquete de reformas que incluye, además de la extranjerización de tierras, cambios en expropiaciones, desalojos y la modernización del Registro de Propiedad Inmueble.
En Mendoza, las asambleas socioambientales se organizaron en distintos departamentos para visibilizar el impacto de estas medidas en territorios atravesados por conflictos de agua y minería. La consigna “La organización es nuestra mayor fuerza” busca reforzar la idea de que la presión ciudadana logró frenar un capítulo clave del proyecto, aunque el resto de la iniciativa sigue en pie.
Próximos pasos
Los jefes de bloque se comprometieron a tratar el tema de tierras por separado en el mediano plazo. Mientras tanto, el resto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada seguirá su curso en el recinto.
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La jornada de este 6 de agosto se presenta como un cruce de fuerzas: en el Senado, los legisladores intentarán avanzar con las reformas; en las calles, miles de ciudadanos reclamarán que la tierra, el agua y los bosques no se negocian.
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