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Docentes y no docentes de la UNCuyo acompañarán la cuarta marcha federal universitaria con un paro activo en las auas en repudio a la asfixia de Javier Milei a las universidades públicas, que implicó no sólo un feroz ajuste a las partidas de funcionamiento sino la peor degrafdación salarial en los últimos 23 años. Este 12 de mayo, desde las 15, en la rotonda de ingreso a la Ciudad Universitaria se reunirá toda la comunidad educativa acompañada pr gremios y organizaciones sociales para marchar por las calles de Mendoza.
La iniciativa está impulsada por gremios docentes y nodocentes, federaciones universitarias y organizaciones estudiantiles, entre ellas la FADIUNC y la CONADU Histórica, bajo el lema “Todos por la universidad pública, gratuita y federal”. También los rectores han alertado por la asfixia de la Nación a las universidades. En Mendoza, la cornejista Esther Sanchez padece el feroz ajuste pese a que su correligionario Alfredo Cornejo es socio del libertario y garante de su plan económico. La comunidad educativa le ha hecho sentr esta contradicción en las marchas multitudinarias con rpudio a esa sociedad.
Salarios destruídos
Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los sueldos se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años, lo que marca un retroceso histórico en las condiciones laborales de quienes sostienen el funcionamiento de las universidades públicas. Para recomponer esa pérdida, se necesitaría un incremento cercano al 50%.
Incumplimientos y tensión judicial
El conflicto se inscribe en un escenario de incumplimientos reiterados por parte del Ejecutivo. La Justicia había fijado como plazo el 17 de abril para actualizar salarios y partidas de funcionamiento, pero la medida no se concretó. En cambio, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la norma, pese a que ya existían fallos en dos instancias que ordenaban su cumplimiento inmediato.
Aunque el recurso no tiene efecto suspensivo, en los hechos implicó una nueva dilación en la transferencia de fondos y en la recomposición salarial. Desde el Gobierno se argumenta que la ley es inconstitucional por no especificar el origen de los recursos, un planteo que ya fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Salarios en caída y recortes presupuestarios
La situación económica de los trabajadores universitarios refleja la magnitud de la crisis. Según los gremios, la pérdida salarial acumula 17 meses consecutivos. En 2025, el deterioro alcanzó los 35 puntos, mientras que en 2024 —con una inflación del 118%— no se otorgaron aumentos. En términos acumulados, la caída llega a 141 puntos, llevando el poder adquisitivo a niveles comparables con los de 2002.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que los fondos para gastos operativos sufrieron un recorte cercano al 45% en los últimos dos años, afectando actividades académicas, de investigación y extensión. La falta de recursos compromete no solo el funcionamiento cotidiano de las universidades, sino también su capacidad de proyectar políticas de largo plazo.
La Marcha Federal como respuesta
Frente a este panorama, la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo se presenta como una respuesta colectiva. Gremios, rectores y estudiantes confluirán en las calles para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento y defender la universidad pública como derecho social y pilar del desarrollo nacional.
La consigna “Luchar es educar” sintetiza el espíritu de la convocatoria. No se trata únicamente de reclamar por salarios o partidas presupuestarias, sino de sostener un modelo de universidad que garantice acceso, calidad y federalismo. La movilización busca enviar un mensaje claro: la educación superior no puede ser objeto de ajuste ni de desfinanciamiento.
En Mendoza, la cita será en la Rotonda de ingreso a la UNCUYO, pero la marcha tendrá réplicas en todo el país. La expectativa es que la jornada se convierta en un punto de inflexión en la relación entre el sistema universitario y el Gobierno, marcando la necesidad de un diálogo que respete la ley y asegure el futuro de la educación pública.
