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Con firma de Manuel Adorni y Luis Caputo salió este lunes en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026 que oficializó un recorte bajo la fachada de una reestructuración presupuestaria y retira miles de millones de pesos de programas sociales, sanitarios, educativos y científicos. El equilibrio fiscal, según la hoja de ruta del Ministerio de Economía, se paga con la motosierra aplicada sobre derechos básicos.
El documento, de cientos de páginas, ratifica un recorte neto de al menos $2,5 billones en el Presupuesto en pos del célebre «superávit». La magnitud del ajuste se percibe en la diversidad de áreas afectadas: desde medicamentos oncológicos y antirretrovirales hasta la paralización de obras de agua potable y cloacas. También se recortan partidas para las universidades nacionales, en la víspera de la cuarta marcha federal por la asfixia universitaria ejecutada por Javier Milei.
Salud en emergencia
El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El golpe más severo se concentra en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos de alta complejidad.
Los detalles revelan la crudeza del ajuste:
- Cáncer y VIH: Se retiraron $5.000 millones del programa de prevención y tratamiento del cáncer, junto a $800 millones en VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra.
- Salud sexual: Otros $900 millones fueron recortados en el programa de Procreación Responsable.
- Institutos estratégicos: El INCUCAI perdió $831 millones y el Malbrán $1.162 millones, frenando obras clave para la soberanía sanitaria.
Educación bajo asfixia
La Secretaría de Educación perdió $78.768 millones. La contradicción más evidente se da en el Plan Nacional de Alfabetización, que quedó sin $35.288 millones en transferencias a las provincias.
El ajuste se completa con:
- Salarios docentes: Eliminación del Fondo de Compensación Salarial ($8.929 millones), que garantizaba un piso digno en provincias pobres.
- Universidades: Trece casas de estudio nacionales sufrieron un recorte de $5.303 millones en infraestructura, golpeando a la UNLP, UNSAM y Avellaneda.
- Infraestructura escolar: Se retiraron $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas.
Provincias sin obras
El ajuste sobre gobernadores e intendentes supera los $970.000 millones. Se eliminaron transferencias y se suspendieron obras hídricas esenciales. Entre las obras “muertas” figuran el Acueducto Vipos en Tucumán, el sistema de agua potable de Concordia (Entre Ríos), la planta depuradora de Rafaela (Santa Fe) y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut.
El Ministerio de Economía desactivó además partidas por $27.641 millones destinadas a infraestructura provincial, dejando a los territorios sin herramientas para enfrentar la crisis.
Defensa y ciencia en retroceso
Ni las Fuerzas Armadas quedaron a salvo: el Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. La Armada debió cancelar la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano.
El sistema científico-tecnológico también se desmantela:
- CONICET: –$3.280 millones.
- CONAE: –$4.409 millones.
- CNEA y ANLIS: recortes que paralizan proyectos nucleares y sanitarios.
- Agencia I+D+i: –$857 millones.
Malvinas y Parques Nacionales
El ajuste alcanzó incluso áreas simbólicas. La Cancillería desfinanció el programa de acciones diplomáticas sobre Malvinas y Antártida, con una poda de $14,3 millones. También se recortaron $2.557 millones en conservación de áreas naturales protegidas, afectando parques nacionales de todo el país. El Servicio de Bomberos del Ministerio de Seguridad perdió $11,8 millones.
El trasfondo político
El considerando del decreto justifica las rebajas como “adecuaciones necesarias” para cumplir cometidos de la Administración Nacional. Sin embargo, el artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.
Mientras se recortan medicamentos, salarios docentes y obras de agua potable, se amplían partidas para litigios previsionales. El resultado es un país donde el superátit se «logra» con en ajuste a las provincias, universidades y hospitales, que quedan atrapados en la narrativa oficial del equilibrio fiscal.
