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Javier Milei avanza con paso firme en su embestida contra los subsidios energéticos con un doble movimiento de pinzas que afectará a miles de hogares mendocinos y beneficiará a empresarios: la quita del régimen de “zona fría” y la condonación de deudas multimillonarias a las distribuidoras eléctricas.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y será debatido en el recinto el próximo 20 de mayo. La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados lograron 46 firmas de apoyo, con el protagonismo del mendocino Facundo Correa Llano, presidente de la comisión de Energía y Combustibles. La paradoja es evidente: mientras un legislador local impulsa la iniciativa, más de 422.000 hogares de su provincia quedarán excluidos del beneficio.
El fin de la “zona fría”
La medida redefine el mapa de subsidios. El beneficio quedará restringido a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe. El resto de Mendoza —Gran Mendoza, Valle de Uco, Zona Este y San Rafael— quedará afuera. En términos concretos, quienes tenían un descuento del 30% verán un aumento del 43% en el componente del gas; quienes gozaban de una bonificación del 50% directamente duplicarán el importe. Las boletas de invierno se dispararán justo cuando el consumo se multiplica.
La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, defendió el nuevo esquema: “Se busca focalizar la ayuda en quienes realmente la necesitan”. Según sus cálculos, 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio, mientras que 1,8 millones lo conservarán dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con descuentos superiores al 75% en invierno. Sin embargo, los requisitos son estrictos: ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales, equivalentes hoy a 4,3 millones de pesos para una familia tipo. Buena parte de la clase media quedará afuera.
El perdón a las distribuidoras
En paralelo, el oficialismo impulsa la condonación de deudas a las distribuidoras privadas con Cammesa, la administradora del mercado mayorista. El total asciende a USD 1.842 millones, con el 69% concentrado en Edenor, Edesur y el Grupo DESA. Edenor, con los empresarios mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano entre sus accionistas, figura como la principal beneficiaria con USD 438 millones.
El mecanismo propuesto permite a las empresas descontar de sus pasivos los ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. A cambio, renunciarían a futuros juicios por “activos regulatorios”. En la práctica, el Estado dejaría de reclamar cientos de millones de dólares. La discusión no es nueva: Edenor y Edesur ya lo habían planteado a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Ahora reaparece con Milei, pese a que su gobierno impulsó una revisión tarifaria para “normalizar” ingresos.
Argumentos cruzados
El oficialismo defiende ambas medidas con un mismo argumento: focalizar la ayuda y cerrar un conflicto histórico con las distribuidoras. “Se acumularon deudas millonarias porque las tarifas pesificadas y congeladas no permitían cubrir costos”, explicó Tettamanti. Desde LLA, la diputada Laura Rodríguez Machado fue más tajante: “Los que tienen pileta climatizada y sauna terminan siendo subsidiados por los más pobres”.
La oposición, en cambio, denuncia un doble estándar. “Se recortan beneficios a los usuarios residenciales mientras se perdonan deudas a empresas privadas”, cuestionan desde Unión por la Patria. Germán Martínez ironizó: “Fue más de ustedes que nuestro el proyecto”, recordando que la ley de zona fría de 2021 había sido aprobada con 190 votos afirmativos, muchos de ellos provenientes de legisladores que hoy integran el oficialismo.
Mendoza como símbolo
El caso mendocino sintetiza la tensión entre ajuste fiscal y protección social. Más de la mitad de los usuarios de gas natural perderán el beneficio, mientras empresarios locales podrían ver aliviadas sus cuentas gracias a la condonación. La provincia se convierte en un símbolo de la paradoja: hogares que deberán reorganizar sus economías para afrontar boletas más caras frente a empresas que logran un alivio financiero.
El desenlace del debate del 20 de mayo marcará el rumbo de la política energética en los próximos años. Lo que está en juego no es sólo un esquema de subsidios, sino el equilibrio entre la disciplina fiscal y la obligación de garantizar acceso a la energía en condiciones equitativas. En Mendoza, la discusión no es abstracta: se traduce en boletas más caras y en la incertidumbre de miles de familias que deberán enfrentar el invierno con menos ayuda, mientras la política energética se convierte en uno de los campos de batalla más ásperos de la era libertaria.
