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El director ejecutivo de la Fundación Fundar, Martín Reydó, advirtió sobre el nuevo patrón de acumulación capitalista impulsado por el Gobierno. A través del RIGI, se busca priorizar los recursos de la periferia eludiendo al AMBA, un esquema que genera serias dudas macroeconómicas por su bajo impacto en el empleo y la recaudación fiscal del país.
El analista político y económico desmenuzó con detalle el diseño estratégico oficialista, señalando una intención explícita de refundar el capitalismo local. Según Reydó, la máxima expresión de esta voluntad es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que caracterizó como un régimen de excepción diseñado para beneficiar a las provincias productoras.
La meta institucional consiste en extraer directamente los recursos naturales ubicados en los Andes y la Patagonia para canalizarlos hacia los mercados globales, prescindiendo por completo de la intermediación tradicional de la Capital Federal. Para consolidar este aislamiento logístico, se contempla el desarrollo de puertos paralelos que eviten definitivamente la infraestructura portuaria porteña, reconfigurando el mapa del poder y el federalismo en la Argentina.
El fantasma del enclave económico
La principal preocupación técnica que surge desde los centros de estudio radica en las consecuencias a largo plazo de estas promociones extraordinarias. Reydó puntualizó el riesgo inminente de consolidar economías de enclave, un fenómeno conocido en América Latina donde conviven multinacionales sin eslabonamientos productivos con pymes locales. En estos modelos, las empresas operan bajo un régimen tributario mínimo o nulo.
El director de Fundar citó el consenso de destacados macroeconomistas como Marina Dal Poggetto, Martín Rapetti, Emmanuel Álvarez Agis, Emiliano Lippman y Guido Zack, quienes coinciden en que el impacto macroeconómico real de estas inversiones es una incógnita. Al eludir de manera directa los controles estrictos del Banco Central, el éxito no se traduce necesariamente en bienestar agregado.
Bajo esta perspectiva, emerge la cara más compleja de la propuesta oficial, sintetizada en una interrogante que ya resuena con fuerza en los debates de la élite y la dirigencia política: ¿de qué va a trabajar la gente? Incluso aquellos sectores que ven con optimismo la búsqueda de responsabilidad fiscal y la reducción del déficit estructural expresan su inquietud ante la falta de respuestas sobre la generación de empleo genuino.
El nuevo esquema productivo parece ignorar el destino laboral en los grandes aglomerados, no solo en el conurbano bonaerense, sino en las periferias de todas las capitales del país.
El sistema político está atrapado en una encrucijada estéril: por un lado, una postura que encarna la defensa del AMBA pero cuya utopía se ubica exclusivamente en el retrovisor, añorando recetas del pasado; por el otro, la propuesta oficialista respaldada por tecnólogos globales como Peter Thiel, que proyecta una utopía futurista donde las regiones urbanas densas aparecen como claras perdedoras.
