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El conflicto por la minería en Mendoza y la participación indígena alcanzó en 2025 y 2026 una dimensión internacional, provincial y comunitaria que expone las tensiones entre extractivismo, derechos humanos y legitimidad institucional. El recorrido comienza con la denuncia mapuche ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sigue con la decisión política de Alfredo Cornejo de dar marcha atrás con el protocolo cuestionado y culmina con la convocatoria oficial a una Mesa Intercultural el próximo 30 de mayo en Malargüe.
La denuncia internacional
El 22 de julio de 2025, comunidades mapuche denunciaron ante la CIDH los protocolos de “consulta previa, libre e informada” que, en la práctica, habilitaban proyectos extractivos sin respetar los derechos territoriales. La presentación apuntó directamente al acuerdo firmado por Cornejo y el gobierno de Javier Milei, señalándolo como una estrategia para fraguar participación simulada en proyectos mineros, petroleros y gasíferos.
Pueblos originarios denunciaron ante la CIDH el protocolo minero que firmaron Cornejo y Milei
“Son protocolos de consulta sin consulta. Benefician a las empresas y al Estado para emprendimientos petroleros y mineros. No respetan el Convenio 169 de la OIT ni ninguna normativa internacional”, denunció Mirta Ñancunao, werken mapuche, durante la audiencia. La CIDH escuchó testimonios sobre la avanzada extractiva: 18.000 km² de proyectos mineros en Malargüe, 600 km de explotación de esquisto en Vaca Muerta y 53 emprendimientos metalíferos en Río Negro. Según los voceros, estos proyectos avanzan sin consentimiento libre, previo e informado, impulsando desalojos y criminalización.
Gabriel Jofré, werken de la Organización Identidad Territorial Malalweche, fue enfático: “El protocolo de Cornejo y Milei es una herramienta de exclusión institucional que legitima el despojo”. La Resolución 130/2025 de la Dirección de Minería, que oficializó el protocolo, fue impugnada por organizaciones mapuches del sur provincial, denunciando que permitía otorgar permisos mineros sin consulta real y violaba el Convenio 169 de la OIT.
La revocación del protocolo
La presión comunitaria y la denuncia internacional tuvieron efecto. El Gobierno de Mendoza reconoció oficialmente que omitió consultar a las comunidades originarias antes de aprobar el protocolo. La admisión quedó plasmada en la Resolución Nº 139-EyA, que revocó el instrumento impulsado por Cornejo y Milei y ordenó iniciar un nuevo proceso de diálogo.
La medida tuvo consecuencias inmediatas: el proyecto minero “Merlot-Syrah”, promovido por Nueva Gran Victoria S.A. en Malargüe, quedó paralizado. El expediente EX-2025-03311335-GDEMZA-CCC, presentado por Jofré en representación de más de veinte comunidades, impugnó la Resolución 130/2025 por aplicar “criterios restrictivos e inconstitucionales”. El dictamen jurídico del Ministerio de Energía y Ambiente reconoció que el protocolo generaba “incertidumbre jurídica” y que no se convocó a la Organización Malalweche, considerada representativa por el Estado.
La Resolución Nº 139-EyA dispuso admitir el recurso, instruir a la Dirección de Minería a coordinar reuniones con las comunidades y archivar el expediente. El giro institucional abrió una nueva etapa de diálogo, aunque los voceros mapuches advirtieron que no aceptarían una “consulta de la consulta” que repitiera viejas prácticas de simulación.
El nuevo procedimiento
Tras varios meses de deliberaciones, mesas de trabajo y aportes escritos y digitales, la Dirección de Minería avanzó hacia la etapa final del procedimiento de revisión. La Resolución Nº 294/26, firmada el 6 de mayo de 2026, convoca a una Mesa Intercultural para el 30 de mayo en Malargüe. Allí se presentará la nueva versión del protocolo y se recibirán observaciones finales.
El texto oficial establece:
- “INVÍTESE a todas las comunidades indígenas con asentamiento en la Provincia de Mendoza a participar de la instancia de revisión del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” (Art. 1º).
- “FÍJASE y CONVÓCASE para el día 30 de mayo de 2026 a las 14:00 horas, la realización de la Mesa Intercultural con las comunidades indígenas de la Provincia de Mendoza, la que tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, Ciudad de Malargüe” (Art. 4º).
La resolución prevé modalidad híbrida, inscripción previa, transporte gratuito y acta notarial para documentar la jornada. Además, convoca al INAI, Fiscalía de Estado y la Dirección de Derechos Humanos como veedores, reforzando la transparencia institucional.
Un cierre abierto
El recorrido desde la denuncia en la CIDH hasta la convocatoria en Malargüe muestra un proceso atravesado por tensiones legales, políticas y culturales. La revocación del protocolo inicial fue un reconocimiento del error estatal y un triunfo parcial de las comunidades. Sin embargo, la efectividad del nuevo procedimiento dependerá de cómo se integren las observaciones finales y de si la consulta previa se convierte en una herramienta real de participación o en una formalidad administrativa.
El 30 de mayo será un día clave: allí se pondrá a prueba la voluntad del Estado mendocino de cumplir con los estándares internacionales y constitucionales de consulta indígena. Para las comunidades mapuches, será también la oportunidad de reafirmar que la defensa de sus territorios no admite protocolos de “consulta sin consulta”, sino procesos genuinos de diálogo y reconocimiento.
