Activo estratégico

El lobby del asesor Caputo se impuso al de los Menem en la licitación de la Hidrovía, disputada por dos empresas belgas

Con un empate en las ofertas económicas de los dos oferentes, la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay se definió por la valoración del potencial técnico, que favoreció a Jan de Nul sobre DEME, protagonistas de una competencia despiadada.

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La empresa belga Jan de Nul se quedó con el control de la Hidorvía.

La empresa belga Jan de Nul se adjudicó virtualmente la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada la más importante de la ejecutadas en la gestión del presidente Javier Milei. Tras superar técnicamente a su competidora (también con sede en Bélgica) DEME, la firma asumirá el control de la vía fluvial agroexportadora por veinticinco años.

La controversia entre las compañías de Bélgica por el principal activo entre los licitados por Milei expuso la división interna dentro del oficialismo: mientras el grupo ganador mantuvo canales abiertos con los hermanos Neuss y el asesor presidencial Santiago Caputo, su rival buscó el respaldo en la familia Menem, bajo el ala de Karina Milei.

El anuncio del ganador de la puja por la Hidrovía coincidió temporalmente con la peor fase de la guerra interna en la cúpula de La Libertad Avanza, que se traduce en lo institucional en la gestión del Estado.

Mientras tanto, las empresas exportadoras y las terminales portuarias nucleadas en la Hidrovía exigen una rápida resolución que permita iniciar de inmediato las obras de balizamiento, profundización y dragado indispensables para el comercio exterior argentino.

La definición del concurso

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) llevó a cabo la apertura de sobres correspondientes a la tercera etapa de la licitación pública nacional e internacional.

Jan de Nul quedó como la virtual ganadora del  proceso, consolidando su ventaja en una compulsa que, aunque menos conflictiva que las previas, fue copada por disputas corporativas y políticas. Apoyanos en Cafecito

Las propuestas económicas presentadas por los dos únicos consorcios en carrera por la hidrovía resultaron idénticas, ajustándose estrictamente a los pisos de las bandas tarifarias fijadas en los pliegos oficiales. Las tarifas propuestas  establecieron USD 3,80 para la etapa cero, USD 4,65 para la etapa uno y USD 5,78 para la etapa dos. Ante este empate financiero, la resolución del concurso se definió en la evaluación técnica, donde Jan de Nul obtuvo una ventaja irreversible de 24 puntos sobre DEME.

Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que esta diferencia resulta atemáticamente indescontable, sellando el resultado definitivo a favor del actual operador. Según el Ministerio de Economía, las nuevas condiciones generarán un ahorro para el Estado y los usuarios calculado entre 35 y 40 millones de dólares anuales. Este  beneficio financiero se fundamenta en una reducción del 15 por ciento en los peajes vigentes.

La modernización de la Hidrovía Paraná-Paraguay demandará una inversión de USD 10.000 millones durante la concesión de 25 años, con opción a cinco adicionales. A cambio, los adjudicatarios tendrían una ganancia neta de USD 3.000  millones. El proceso es un triunfo nítido para la administración nacional, contrastando con los fracasos de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto  Fernández, que no lograron avanzar en este corredor estratégico.

Los tribunales

El camino hacia la adjudicación requirió también sortear severos obstáculos judiciales. Apenas veinticuatro horas antes de la apertura de sobres, el fiscal federal Guillermo Marijuan rechazó una medida cautelar impulsada por una  organización no gubernamental que pretendía suspender los plazos legales.

Con el resultado técnico consolidado, se inicia ahora el período formal de  impugnaciones antes de la oficialización definitiva del decreto de adjudicación. Apoyanos en Cafecito

La presentación judicial se basaba en un dictamen de la Procuraduría de  investigaciones Administrativas (PIA), el cual advertía sobre supuestas deficiencias  en materia de impacto ambiental, restricciones a los oferentes y vicios en las  audiencias públicas. Sin embargo, el fiscal dictaminó que dicho informe correspondía a la fallida licitación realizada en 2024 y carecía de vinculación con el  esquema actual, criticando además la fuerte repercusión mediática del reclamo.

Para desalentar maniobras dilatorias, el pliego establece que la empresa DEME  deberá abonar una garantía de 10 millones de dólares si opta por cuestionar  formalmente el dictamen. En este contexto, las autoridades económicas emitieron un comunicado advirtiendo que ninguna de las partes planteó objeciones en las  instancias previas ni cuestionaron los requerimientos del pliego en ningún momento.


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