El equipo fiscal solicitó condenas para los 17 imputados en el juicio por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó 5 muertes y numerosos heridos, al término del alegato que se desarrolló en los tribunales federales de Retiro. El pedido de los fiscales alcanza al secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y la cúpula de la Policía Federal Argentina conformada por su jefe Rubén Santos; el superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y el director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, por su responsabilidad dolosa en los homicidios y lesiones, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, en tanto que para los autores directos del crimen de Alberto Márquez reclamaron se les impongan penas de entre 5 y 16 años de prisión.
A lo largo de cinco audiencias, los fiscales Mauricio Viera y Santiago Vismara y los fiscales ad-hoc Mariano Domínguez y José Piombo, junto con la colaboración de Alejandra Pérez y Gabriel Páramos, consideraron acreditados los hechos que en siete causas fueron elevados al debate y la responsabilidad de los acusados.
La cúpula
Entre la jornada de ayer y la de hoy, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que Mathov, por ser el “encargado civil de la dirección formal y material de la Policía Federal Argentina”, tuvo un “rol protagónico para el despliegue de la fuerza” que aquél día cargó contra la manifestación espontánea y popular que se produjo dentro y en los alrededores de la Plaza de Mayo, cuya muestra más cabal había sido el “cacerolazo” de la noche y madrugada anterior en las calles de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, precisaron que quedó “desdibujada la versión de que estaba ocupado” estableciendo puntos de contacto con las fuerzas en el interior del país: “en circunstancias trascendentes del operativo hubo más de 10 llamados” entre el funcionario y Santos, en momentos en que la represión recrudecía.
Además, los fiscales advirtieron que de acuerdo a la normativa aplicable a su rol, todos tuvieron en sus manos la dirección del operativo en algún momento, y en todo momento el deber de controlar el uso de la fuerza en virtud de que “ninguno puede evadir esa función, aunque así lo pretendan de acuerdo a la escala jerárquica”. “El uso de la fuerza pública constituyó una provocación. Mucha gente vio la agresión a la mañana”, entre ellas la que alcanzó a las Madres de Plaza de Mayo. Ese accionar constituyó un obrar con imprudencia, negligencia e inobservancia de la reglamentación pertinente. A las 17:07, cuando ya había cuatro muertos, se ordenaron nuevas detenciones.
El equipo fiscal solicitó 5 años de prisión para Mathov y Santos; 3 años y 8 meses para Andreozzi; y 3 años y medio para Gaudiero, al encontrarlos culpables del delito de homicidio culposo de Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto, lesiones culposas a 48 personas -acreditadas y enumeradas durante el alegato de la fiscalía- y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ello en concurso ideal.
“Pelotón de fusilamiento”
Por otra parte, la fiscalía requirió condenas para los nueve integrantes del departamento de Control de Integridad Profesional, acusados de disparar escopetas cargadas con postas de plomo contra las personas que estaban ubicadas sobre la plazoleta de la calle Cerrito, entre Sarmiento y Perón, provocándole la muerte a Márquez y graves heridas a Martín Galli y Paula Simonetti.
El accionar de los policías, que se desplazaban en móviles no identificables, había sido calificado en el alegato como “una especie de pelotón de fusilamiento”. En este caso, las penas pedidas fueron de 16 años para el comisario inspector Orlando Oliverio; 14 para el subcomisario Carlos José López, el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro; 12 para el principal Eugenio Figueroa y el oficial Mario Seia; y 5 años y cuatro meses para el inspector Norberto Sabbino y los auxiliares Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, a quienes encontraron como partícipes secundarios.
Tentativa de homicidio
Por otra parte, se le solicitó al Tribunal Oral Federal N°6 que le imponga a Víctor Manuel Belloni 10 años de prisión por la tentativa de homicidio de Marcelo Dorado y Sergio Sánchez. Belloni se desempeñaba por entonces como oficial principal y ya contaba con varios años de experiencia en la fuerza. El episodio que casi le cuesta la vida a las víctimas ocurrió en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Encubrimiento y vejaciones
Para el subcomisario de la Seccional 51ª Omar Alberto Bellante solicitaron una condena a 3 años de prisión por el encubrimiento del crimen de Gustavo Ariel Benedetto. Su homicidio se produjo en las inmediaciones del cruce de la Avda. de Mayo y Chacabuco, en cercanías al entonces edificio del Banco HSBC. La fiscalía consideró probado que su deceso fue producto de los numerosos disparos efectuados desde el interior de la entidad bancaria, en un horario cercano a las 16.30, por el personal policial a cargo de Bellante.
Finalmente, para Carlos Loforte –principal- y Jorge Toma –subcomisario-, pidieron penas de dos años y dos años y medio -de ejecución en suspenso- por las vejaciones cometidas durante las detenciones realizadas en los alrededores del Congreso de la Nación. Sobre su accionar tuvieron en cuenta el “plus de violencia desplegada para cometer el delito enrostrado, teniendo en cuenta la vulnerabilidad e indefensión exhibida por la víctima”.
Por otro lado, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron que se extraigan copias de las actas taquigráficas y de debate del juicio, y que se remitan al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11, donde aún tramitan causas vinculadas al trágico día. El juicio continuará durante la primera semana de enero, fecha en las que las defensas comenzarán a exponer sus respectivos alegatos.
Fuente: fiscales.gov.ar
