"Históricamente en Mendoza los medios audiovisuales, gráficos y digitales sostienen en sus tratamientos periodísticos sobre temas vinculados a situaciones de personas en 'conflicto con la ley' –en especial aquellas que tienen como protagonistas a jóvenes, adolescentes, niños y niñas–, y privadas de libertad, estigmas que reafirman la criminalización de la pobreza: patrón central del atropello a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial", denunció en un apartado sobre medios de comunicación el informe anual Xumek sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza, presentaco esta semana.
Según el análisis de Xumek la violencia institucional es "silenciada, invisibilizada, cuando no justificada por los medios comerciales de Mendoza", máxime, agregan, "en las publicaciones y difusiones construidas por las grandes corporaciones mediáticas que centralizan la información local como el Grupo uno, Grupo Clarín, Grupo Alonso; Grupo Álvarez, Grupo Terranova y Grupo Cooperativa".
Xumek releva cada día cómo se abordan casos de abuso policial en distintos estratos sociales y en las crónicas de los medios de comunicación, tras lo cual en su informe concluyó que el tratamiento mediático de esta problemática indica que lejos de presentarse como "violencia institucional" en el 99% de las situaciones se apela a la etiqueta de "Policiales", es decir, se agrupa junto a los delitos.
El relevamiento anual de 2014 de la Defensoría del Pueblo indicó que en Argentina de cada tres noticias audiovisuales que hablan de adolescentes, niños y niñas, dos aparecen en las secciones Policiales. "Mendoza no es ajena a esta realidad -dice Xumek- lo que atenta contra la posibilidad de reconstruir mediáticamente los hechos con veracidad y de contextualizar la problemática de manera social y política: lo que prevalece en los medios comerciales locales es la versión policial".
Continúa el informe de la asociación: "Así el periodismo contribuye a la construcción y a la propagación del relato del miedo y la sospecha sobre determinados sectores sociales a los fines de satisfacer la demanda de medidas represivas acerca del sentido común instalado desde la demagogia político–mediática: la llamada 'sensación de inseguridad'".
Uno de los aspectos a revisar en ses sentido, indican los técnicos de Xumek, es la oferta de noticias sin chequeo en los medios mendocinos: "Las instituciones estatales operan sobre las agencias de noticias y determinados espacios muy estratégicos que son los que alimentan a los medios con esa lógica: les ofrecen las noticias resueltas y no les exigen esfuerzo de investigación adicional. Es decir, el propio Ministerio de Seguridad de Mendoza provee de manera diaria, y en ocasiones más de una vez por día, de partes policiales que son reproducidos sin chequeo previo por los medios de comunicación".
Este copy paste sin averiguaciones provoca, según Xumek, "una operación de comunicación institucional fuerte de la Policía y el Sistema Penitenciario provinciales sobre los medios, ya que los propios editores y productores son quienes se alimentan de esas informaciones, y no otorgan a los periodistas el tiempo necesario para recurrir a una fuente alternativa y de indagar en el territorio".
Una forma de morigerar la influencia de las voces policiales en las crónicas periodísticas, indica la asociación, es "la búsqueda de fuentes alternativas y próximas a las víctimas para visibilizar versiones distintas a la policial, o a la de las agencias oficiales, y el otorgamiento de tiempo para investigar los hechos".
Y aquí hacen una salvedad: "Este recurso se aprecia en Mendoza solo en ciertas producciones periodísticas que parten de medios públicos y comunitarios, pero en escasas ocasiones desde las empresas de comunicación que son las que mayor alcance de audiencia".
Señalan luego que títulos como "'Enfrentamientos entre vecinos y policías' –ejemplo de la represiones sufridas por vecinos del Barrio Parque Sur de Godoy Cruz y de las barriadas populares de General Alvear a lo lardo de este año–; "El Policía actuó en legítima defensa"–ejemplo de la cobertura que se le dio al fusilamiento de Nicolás Barrera a cargo de un efectivo policial en 2014–, "Un nuevo suicido dentro de una comisaría" –aparición sin vida en noviembre último del joven Germán Bastías dentro de la Comisaría N°9 de San Rafael–, ilustran la tendencia del periodismo vernáculo a utilizar el mero relato policial para construir sus informes, y a la reproducción de prejuicios y sospechas sobre determinados grupos; y con ello la violencia social y la criminalización".
No obstante, recalcan en el informe que el tratamiento mediático responsable de estos temas "excede a los periodistas" y comprende a "toda la lógica mediática signada por la inmediatez y optimización de recursos y tiempo, ya que funcionan como factores limitantes los periodistas y habilitan en su hacer o no hacer".
