El ministro de Seguridad, Gianni Venier, aseguró que Mendoza no está preparada para cumplir en lo inmediato con los estándares fijados por la Organización de Naciones Unidas para el tratamiento de la prisión preventiva. Ante un fallo de la Suprema Corte que se hace carne de la línea del organismo internacional, el funcionario consideró que habrá un "colapso del sistema".
En trazos gruesos, la resolución de la Suprema Corte fija que la prisión preventiva debe fundarse en las potencialidades para escaparse o entorpecer el proceso que tenga el acusado y no en otros factores como la gravedad del delito imputado o la trascendencia social del caso en cuestión.
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El fallo le devuelve la potestad de dictar la prisión preventiva a los jueces de garantías, en lugar de que sean los fiscales quienes decidan la cuestión. El fallo de la Suprema Corte responde a una situación anómala en la Justicia de la Provincia, que tiene a la inmensa mayoría de sus presos con preventiva fuera de los parámetros internacionales de derechos humanos avalados por la ONU.
Abuso de la prisión preventiva en Mendoza: el 95% está encerrado más tiempo del legal
El 48% de los presos de Mendoza está detenido sin condena, con prisión preventiva. De ese colectivo, el 95% lleva encerrado más tiempo del que la ONU establece como lógico para los acusados sin condena.
La prisión preventiva es un instrumento que tiene la Justicia para retener a un sospechoso mientras produce pruebas en su contra. Por naturaleza, tiende a proteger la libertad de las personas hasta que esté probado sin dudas que cometieron un delito. Su aplicación requiere que el sospechoso genere potencial peligro de fuga o bien que ostente potencial para incidir en la investigación de su responsabilidad.
No obstante, en Argentina se le da otros usos a la preventiva sin importar los parámetros de respeto a los derechos humanos establecidos por la ONU y suscriptos por el país. Además de las causales naturales de origen a la prisión preventiva, los jueces argentinos tienen en cuenta el monto de pena establecido para el delito investigado, los antecedentes del sospechoso y hasta la repercusión pública del caso en cuestión antes de dictar o desactivar una preventiva.
