Un informe que analiza el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina alertó sobre la necesidad de diseñar nuevas estrategias en los casos en que los acusados de protagonizar esos delitos sean o hayan sido funcionarios judiciales, desde jueces a fiscales a auxiliares de los tribunales que omitieron el auxilio a víctimas del terrorismo de estado. En Mendoza, por caso, se juzga a cuatro ex jueces -Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo- por su rol en la última dictadura militar, en un proceso que lleva más de dos años y cuyos alegatos comenzaron en diciembre último.
"En la etapa actual del proceso, uno de los desafíos que persisten es la posibilidad de imputar penalmente a civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad. La categoría civil es amplia y compleja pero nos centramos en dos tipos que son los que presentan mayores complejidades para su juzgamiento. En efecto, se trata de personas que fueron funcionarios judiciales o empresarios y se investiga su participación en el accionar represivo", señala el documento de la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad.
"La baja cantidad de imputados sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad en casos donde existen grandes cúmulos de prueba son elementos que dificultan el avance del juzgamiento de estos imputados, lo cual implica que se diseñen nuevas estrategias para ello", agrega el informe.
En el llamado megajuicio en Mendoza, los abogados de la querella han denunciado más de una vez maniobras dilatorias de los defensores de los acusados, como no querer aunar las causas para acelerar el proceso, o dilatar durante meses las declaraciones de cada uno de los defendidos.
Respecto de los funcionarios judiciales, son 54 los que están siendo actualmente investigados, de los cuales más de la mitad fueron jueces durante la última dictadura.
"De los 54 imputados mencionados, sólo el 2% ha sido condenado hasta el momento. Se trata del entonces secretario Víctor Brusa y del ex juez Manlio Martínez. Más de la mitad de los imputados están procesados (54%), mientras que un número significativo (34%) se encuentra bajo las primeras medidas de investigación, sin situación procesal resuelta", indica el documento.
Informe completo de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad:
