Por los despedidos en la DINAF -son unos 50 en toda la provincia- este lunes habrá una protesta en la plaza San Martín, de San Rafael, a las 19, donde se pedirá la reincorporación de tres trabajadores echados del Servicio de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes.
Además, los trabajadores de ese organismo del departamento sureño comenzaron un paro por 72 horas sin asistencia a los lugares de trabajo el 11, 12 y 15, para reclamar la incorporación de los profesionales del equipo, particularmente los ingresos de 2014 y 2015 gestionados a nivel provincial, tras la muerte de la pequeña Luciana Rodríguez, "quien puso al desnudo la falta de recursos físicos, materiales y profesionales en los OALes, situación que AMProS ya había denunciado ante la Legislatura y el Ejecutivo Provincial", señalaron en el gremio.
En San Rafael vienen realizándose manifestaciones en el kilómetro cero, con panfleteadas y asambleas en la calle, y esta vez se trasladarán a la plaza principal de la Ciudad con la consigna de que "cada profesional es un trabajador fundamental en el sistema de protección de la infancia, despedir a trabajadoras calificadas para esta tarea recarga a las personas que continúan trabajando y reduce la calidad de la prestación de un servicio declarado esencial", dijeron los organizadores a través de un documento difundido en las redes sociales.
"La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud denuncia que ante la incomparencia del Ejecutivo Provincial a la audiencia conciliatoria del pasado 5, ante los despidos a tres profesionales de DINAF de San Rafael, este gremio no permitirá la vulneración de sus derechos, debido a la irresponsabilidad que implica dejar sin atención a niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. Además, responsabiliza a la Provincia, ante cualquier hecho grave que pudiera suceder", indicaron en el sindicato.
Las personas que trabajan en OAL de San Rafael se abocan a intervenir en situaciones de amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Se reciben derivaciones de otras instituciones, llamados del 102 y demandas familiares espontáneas, incluyendo situaciones donde los niños no asisten a la escuela, son víctimas de maltrato o abuso sexual, no acceden a atención sanitaria adecuada, sufren falta de cuidados básicos, niños/as en situación de calle o cualquier situación en la que los derechos de niños, niñas o adolescentes se vean amenazados (en riesgo) o vulnerados.
Los despidos, recalcaron los manifestantes "deterioran las instituciones fundamentales y afectan principalmente a los niños, las niñas y adolescentes con problemáticas de San Rafael. Todos tenemos derecho a recibir un servicio de calidad. Consideramos importante para la protección de la política social el No vaciamiento de sus instituciones fundamentales".
"Trabajamos 3.800 casos desde 2008"
Los Servicios Locales de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SLPD) u OALes, se crearon a partir de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de sus Derechos (avalada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a y la Constitución Nacional).
La DINAF cuenta con dos Direcciones: la de Promoción y Protección de Derechos que abarca en San Rafael una superficie de 31.235 km2 y una población aproximada de 180.000 habitantes, distribuidos entre ciudad y 17 distritos. Cuenta con 14 profesionales, de los cuales tres fueron despedidos.
La licenciada Florencia Alias, delegada de AMProS en la DINAF de San Rafael, sostuvo: “Trabajamos con 3.100 casos desde 2008 a la fecha, sin la posibilidad de hacer un abordaje adecuado y limitándonos de esta manera al seguimiento correspondiente de las situaciones, teniendo en cuenta que, si bien existe una red interinstitucional articulada con la que se coordinan intervenciones, la mayoría de los efectores no cuentan con recursos humanos ni materiales para la óptima conformación del Sistema de Protección de Derechos, lo que se ve reflejado en una sobrecarga de trabajo para los equipos técnicos del OAL”.
Por los motivos antes expuestos, AMProS solicitó "la urgente reincorporación de los profesionales desafectados, la continuidad de los contratos de trabajo y regularización de OAL San Rafael, particularmente los contratados en 2015, quienes ingresaron ante la baja de los profesionales renunciantes".
Por otra parte, Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMProS, denunció: “Esto implica no solo que el Gobierno acepta de algún modo que no se está haciendo absolutamente nada por los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos ya se han vulnerado de un modo espantoso, sino que además ante la crisis por la que atraviesa este organismo, despiden a los profesionales que son los únicos que trabajan en pos de este sector”.
En cuanto a la segunda Dirección, la de Cuidados Alternativos, es decir, aquellos que se dan por una medida de protección excepcional, se desempeñan 12 profesionales de la salud y dos abogados, de los cuales dieron de baja a una de las contrataciones, detalló el gremio.
“Debido a la carencia de profesionales, no están conformados los equipos tal como lo exige la ley 26.061 y esto pone en riesgo la vida de niños y adolescentes”, concluyó Iturbe.
