Este lunes 1 de agosto, con el alegato del Ministerio Público, se reinician las audiencias en la megacausa que juzga a represores y cómplices civiles de la dictadura en Mendoza, emtre los cuales se encuentran los ex jueces Otilio Romano -se le otorgó prisión domiciliaria poco antes de la feria-, Luis Miret, Max Petra y Rolanzo Evaristo Carrizo, a quienes se los acusa no sólo por complicidad sino por participación primaria en delitos de lesa humanidad.
Frente a la nueva ronda de audiencias del juicio -que en febrero de 2016 cumplió dos años- la agrupación H.I.J.O.S. Mendoza alertó sobre la demoras y dilaciones en el proceso de juzgamiento.
"Venimos observando con preocupación la lentitud con la que avanzan las causas y los beneficios a los que están accediendo los imputados en todo el país", señalaron.
Ante esta situación, consideraron que "es fundamental en esta etapa, acompañar a familiares y testigos como forma de sostener los juicios y exigir su continuidad".
La Fiscalía retoma el alegato
En las últimas audiencias, el fiscal Dante Vega, acompañado en algunos tramos por Jorge Auat, de la procuraduría de crímenes de lesa humanidad, desglosó en sus alegatos los delitos que quedaron registrados en expedientes.
El caso de Santiago Illia, por ejemplo, es uno de los centenares que integran la prueba de cargo contra los ex magistrados mendocinos que están siendo juzgados actualmente en Mendoza por su participación en crímenes de lesa humanidad junto a ex militares, ex policías y ex penitenciarios.
Puntualizó Vega al respecto: "Es secuestrado de su casa sin orden de allanamiento. No se investiga el hecho. Illa se encuentra detenido en el Penal de Mendoza y se lo traslada al Liceo Militar. No se investiga este traslado. Se informa que Illa recupera la libertad, pero sus familiares denuncian que nunca ha aparecido en su domicilio. No sólo no se investiga el hecho sino que se apunta despectivamente que el Poder Judicial no es 'intermediario de información'. Illa se encuentra actualmente desaparecido y el poder judicial federal de Mendoza no inició una sola actuación para dar con su paradero".
El expediente Rabanal es otro en los cuales las omisiones de investigación se hicieron patentes y sobre el cual se sustentan muchas de las acusaciones contra los ex magistrados.
La causa muestra la actuación policial y militar en el terrorismo de Estado con la connivencia del Poder Judicial, que validó la persecución ideológica de las víctimas en el marco de un proceso por violación a la ley 20840, de seguridad nacional, más conocida como "antisubversiva". Esa ley brindó el marco para "blanquear" secuestros como detenciones e interrogatorios con tortura como si fueran declaraciones judiciales. Esa forma de persecución fue un rasgo predominante en Mendoza.
En su acusación a los ex magistrados, y en particular hacia Romano, el fiscal Vega sostuvo que los "apremios ilegales" "no recibieron de parte de los magistrados intervinientes el ímpetu mostrado en otras actuaciones".
Fuentes: Fiscales.gob.ar
Archivo Explícito: II Juicio de lesa humanidad contra ex magistrados, militares y policías
