La Justicia Federal de Córdoba condenó a prisión perpetua al genocida Luciano Benjamín Menéndez por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El represor purgaba condena a perpetua por otros crímenes cometidos en los '70.
La condena divulgada este jueves corresponde a los hechos cometidos en la dictadura militar en los centros clandestinos de La Perla, Campo de la Ribera y el D2. Se trata de 282 desapariciones de personas, además, de 52 homicidios, 260 secuestros, y 656 casos de torturas.
Menéndez se desempeñó como comandante del III Cuerpo de Ejército (con sede en Córdoba), desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979. Dirigió las acciones represivas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en diez provincias durante las décadas del 60 y 70.
Este jueves al mediodía, el Tribunal Federal Número 1 de Córdoba, presidido por Jaime Díaz Gavier, dio a conocer el fallo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia mediterránea.
Entre los asistentes a la audiencia se contaron el gobernador cordobés Juan Schiaretti, su ministro de Justicia, Luis Angulo, y otras autoridades provinciales, legislativas y municipales.
También estuvo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo (quien declaró en el juicio como testigo), entre varios representantes de organismos de derechos humanos que presenciaron la lectura del fallo.
Afuera del tribunal se concentró una multitud, que celebró la decisión de la Justicia Federal, que también alcanzó a los militares Héctor Pedro Vergez y Ernesto Guillermo Barreiro y al agente civil de inteligencia del Ejército, Arnoldo José López.
También fueron condenados a perpetua Jorge Gorleri, Santiago Mattella, Héctor Chilo, Jorge González Navarro, Jorge Gorleri y Luis Gustavo Diedrichs.
Luciano Menéndez es el general del Ejército con más condenas a prisión perpetua en la historia argentina.
El 24 de julio de 2008, en la primera de las causas penales en su contra que llegó a juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Ciudad de Córdoba lo condenó a prisión perpetua, en carácter de coautor mediato, por el secuestro, tortura y desaparición de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 1977 en La Perla.
Entonces, se dispuso revocar su prisión domiciliaria y ordenó su traslado a una cárcel común dependiente del Servicio Penitenciario Provincial. Ha sido vinculado a por lo menos 139 causas por delitos de lesa humanidad.