El Sindicato de Prensa de Mendoza repudió la intención de Alfredo Cornejo y el Procurador general de blindar la información de los delitos imponiendo límites a las fiscalías y al acceso de los periodistas a las fuentes directas en la reforma del artículo 7 de la Ley 8008 del Ministerio Público.
"La reforma propuesta va más allá del objetivo central que, se sostiene, se pretende impulsar, el perfeccionamiento del sistema de investigación penal", indicó el gremio.
El artículo en cuestión reza:
"Los integrantes del Ministerio Público deberán dar información del ámbito de su competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas, o los asuntos públicos que requieran reserva, o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones en curso. En los casos que corresponda secreto de sumario o reserva de las actuaciones, su violación habiliará la imposición de sanciones disciplinarias. En caso de reiteración podrá causal de imputación de mal desempeño conforme lo dispone el Art. 164 de la Constitución Provincial".
La modificación del artículo 7 establece que "la información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General".
Este agregado, señaló el sindicato, "importa una negación de la obligación de dar información que la ley otorga a los integrantes del Ministerio Público".
Según la visión de los representantes de los periodistas, "fecta, además, la transparencia que deben exhibir ante la sociedad en relación a las causas que investigan. Interpone un escollo al desenvolvimiento de los periodistas en busca de información directa y veraz de boca de los protagonistas de la investigación".
El hecho de "filtrar la información a través de 'una dependencia habilitada al efecto por la Procuración General' es aceptar un grado importante de censura en el derecho a expresar libremente la información por los medios de comunicación. Rechazamos limitar la información a la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún, en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata", indicó la entidad.
El sindicato calificó que la propuesta de Cornejo a implementar por Gullé configura en términos reales una Ley mordaza "por el control que se apunta a establecer sobre lo que se da a conocer".
"La embestida es contra el libre ejercicio del periodismo y, fundamentalmente, contra el derecho de la sociedad a estar informada de todo lo que le concierne saber, conculcando, de tal manera, garantías constitucionales y Pactos Internacionales. El Derecho a la Información abarca tanto la facultad de dar como de recibir información", agregó.
"Lamentamos que el gobierno en lugar de tomar la decisión política de sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública, como ya lo han hecho varias provincias, y reclamó en más de una ocasión el Sindicato de Prensa, avance exactamente en sentido contrario a un objetivo de mayor transparencia en el manejo de la información pública afectando la calidad institucional de la provincia", apuntó el gremio.
Por último, apeló a los legisladores provinciales para que "desestimen la modificación que se pretende introducir al artículo 7 de la Ley 8008".
