Por Soledad Sosa (Diputada nacional por Mendoza)
Hoy amanecemos en Mendoza con la peor noticia, un cuádruple femicidio (N. de la R: en principio se informó que eran cuatro las víctimas fatales, luego se supo que murieron tres). Aún seguimos conmovidos por los femicidios de Janet, Julieta y Ayelén, que nos convocaron masivamente a movilizarnos en más de cuatro puntos de la provincia el 28 de setiembre pasado, aún recordamos la masiva participación ante el #ParoNacionalDeMujeres del pasado 19 de noviembre y nuevamente tendremos que salir a las calles a gritar justicia por las cuatro mujeres asesinadas esta madrugada en una casa del Barrio Trapiche.
La descomposición social de este sistema no da tregua. Mientras transcurría el miércoles negro, Mendoza sufría otro femicidio en el Barrio la Favorita.
En lo que va del año tenemos un total de 16 femicidios.
Ante este recrudecimiento de la violencia sobre las mujeres, el gobernador Cornejo siempre explicó con el peor de los argumentos, el que desresponsabiliza al Estado de los mecanismos de protección que debiera instalar. “Se trata de un problema del ámbito privado de las víctimas” “sino hay denuncias previas, nada puede hacer el Estado” “no es necesario declarar la emergencia, pues hay un gobierno que está presente”.
Las consecuencias de estos argumentos han sido fatales.
Julita y Janet fueron asesinadas por sus parejas, no había denuncias previas de violencia de género fue la excusa del Gobernador para justificar el accionar estatal.
Las dos desaparecieron el 21 de setiembre, el día que mayor presencia policial hubo en las calles poniendo a estrenar la declarada y costosa emergencia en seguridad ($561 millones de pesos de deuda, más 9 millones para una nueva cárcel, y corrupción de por medio en sobreprecios que están siendo investigados). A los seis días las dos aparecieron asesinadas; una víctima de un sicario contratado por su pareja, y la otra víctima de un hijo del poder.
Ayelén Arroyo (19 años) asesinada por su padre en Ugarteche, Luján, a quién lo denunció por abuso sexual y sobre el que pesaba una orden de restricción y exclusión del hogar, fue dejado en libertad por el Fiscal y terminó cometiendo el femicidio.
La explicación más peligrosa es la que dio la responsable de la Dirección Provincial de Género y Diversidad, Silvina Anfuso de Libres del Sur, al explicar "recrudece la violencia sobre las mujeres porque es una reacción machista ante el proceso de autonomía que iniciaron las mujeres. Pero no nos van a amedrentar. Nos juntamos, nos apoyamos, nos expresamos porque nos queremos vivas y libres".
Es la funcionaria que antes de serlo reclamaba la emergencia en violencia de género, y ahora la rechaza cuando co-gobierna con un hombre del radicalismo que califica de minoritarios a quienes nos pronunciamos contra la candidatura del Juez Valerio a ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia, de fallos misóginos y homofóbicos.
Contra el endeudamiento de $561 millones para el aparato corrupto de la policía y 90 millones de dólares para la nueva cárcel, están los 1,1 millones de pesos que la Dirección de Género y Diversidad gestiona de manera directa, del cual ya lleva 60% ejecutado con ineficaces resultados ante el crecimiento de los femicidios. Hace poco declaran una transferencia de alrededor de 6 millones de pesos a los municipios para activar esquemas de contención a las víctimas.
Las políticas de contención de las víctimas siguen atravesadas por el ajuste de los gobiernos. La administración del escaso presupuesto está en manos de un gobierno que se muestra indiferente a la naturaleza de carácter social y político de los femicidios. Cuando se reduce al ámbito íntimo, cuando el problema es simplemente el machismo no hay nada que hacer para estos gobiernos, responsables de generar y reproducir ese machismo que implica la cosificación, humillación y desvalorización humana de la mujer.
Cuando ese miserable presupuesto es ejecutado por una mujer que considera que, si luchamos y nos organizamos, el proceso de autonomía que se deriva es la causa del recrudecimiento de la violencia, estamos fritas.
Es el agotamiento de un sistema social lo que estamos presenciando. Darle batalla diaria es la tarea para las mujeres y los hombres que aborrecen esta descomposición.
El ascenso de la lucha por NiUnaMenos y la radicalización en sus métodos, como el paro nacional del miércoles negro que se expandió por todo el continente, debe ser organizado y orientado al poder político a sus instituciones y de manera independiente, no para terminar cooptadas o integradas a un régimen opresor.
La mayor autonomía de la mujer es una protección contra la violencia, es la conciencia de que debe pelear colectivamente y organizarse - la violencia es más frecuente, más intensa y más sistemática allí donde la mujer no ha desarrollado su autonomía personal.
Queremos que la lucha por NiUnaMenos, que es desproporcional y posterior a la brutalidad de los femicidios, logre su cometido de ponerle un freno a la muerte, al crimen organizado, a las zonas liberadas, al Estado tratante y proxeneta, a la humillación de las mujeres por un sistema de explotación en donde la mujer lleva la marca de la propiedad privada.
Planteamos la urgente necesidad de que el actual Consejo Nacional de la Mujer y las Direcciones de género provinciales sean reemplazadas por organismos de mujeres y de la diversidad, Autónomos y Autárquicos, es decir donde las representantes sean electas mediante el voto directo por el padrón femenino a partir de los 13 años, con posibilidad de revocabilidad para llevar adelante un verdadero plan integral de prevención y protección ante la violencia de género.
