Por 41 votos a 6 la Cámara de Diputados de la Provincia rechazó un juicio político contra el procurador de la Corte de la provincia, Rodolfo González, por denuncias formuladas por la abogada Carolina Jacky y otros que fueron acumuladas en un expediente tratado este miércoles en el recinto.
El Frente de Izquierda y La Cámpora votaron a favor de llevar al Procurador a juicio político, mientras el resto del arco político lo hizo a favor de las expectativas de González. El peronismo, salvo por los dos legisladores de la agrupación kirchnerista, no obró en consecuencia con las declaraciones públicas del gobernador Francisco Pérez, quien ha culpado al Ministerio Público por la inseguridad de la provincia, entre otras acusaciones mediáticas.
La votación sobre el futuro del jefe de los fiscales de la Justicia de Mendoza se metió en el medio de la agenda de la transición, de tal forma que los diputados le evitaron el trámite de enjuiciamiento a González en un recreo de la rosca por la ley de endeudamiento, que quieren el gobernador Francisco Pérez y el electo Alfredo Cornejo, pero resisten sectores del peronismo ligados a los intendentes.
Los diputados Cecilia Soria, Martín Dalmau y Héctor Fresina, del FIT, Evangelina Godoy, del Frente Renovador, y Lucas Ilardo y Marina Femenía, de La Cámpora, se manifestaron a favor de que el Senado juzgara al Procurador.
Fresina argumentó: "Todos los documentos aportan elementos más que suficientes para que esta Cámara vote el inicio del proceso de Juicio Político, más si se tiene en cuenta el funcionamiento de la justicia en general que tiene falencias visibles para todos los mendocinos”.
Fresina recordó el bajo porcentaje de resolución de causas y cuestionó el tratamiento que se hace en la justicia de los casos de violencia de género como el incremento de la población penal. Sumó a sus causas contra González el “colapso de las oficinas fiscales, ya que el Procurador es el jefe tanto de los fiscales como de los defensores oficiales”.
Víctor Scattareggia, expositor de la postura de la UCR, afirmó que se hizo un análisis tanto de la documentación presentada como de los expedientes a los que hacía referencia y en todas “hay algunos puntos en común: la negativa por parte de las oficinas fiscales de recepcionar denuncias; al maltrato a las víctimas en las oficinas fiscales; a la negativa a la acumulación de denuncias y a la falta de capacitación del Ministerio Público". Pero consideró que "no son suficientes los argumentos y los elementos de prueba sobre las irregularidades como para dar inicio a un juicio político".
En el mismo sentido se expresó Rómulo Leonardi en representación de la bancada demócrata, por lo que el tema fue rechazado por mayoría y remitido al archivo.
