El gobernador Francisco Pérez se excusó en la crisis de las cuentas provinciales para cerrar, al menos por el momento, las puertas a una mejora de oferta en la paritaria de los docentes. El mandatario sacó a relucir una veta fiscalista pocas veces mostrada no sólo por él sino por el arco kirchnerista en general: "Mi misión es reducir el déficit", remarcó el día después del rechazo del SUTE a un aumento salarial que sumaba el 26% en tres cuotas.
Sin descalificar la validez y justicia de las aspiraciones de los empleados públicos, Pérez consideró desatinados los reclamos por encima del 26% teniendo en cuenta la situación financiera de la Provincia. No sólo los docentes ven inconveniente el fondo de la propuesta gubernamental, el resto de los gremios del arco estatal darán la misma respuesta que el SUTE ante un ofrecimiento similar, como el que piensa hacer el gobierno.
Pérez agitó el fantasma de los recortes salariales que se produjeron durante la gestión presidencial de Fernando De La Rúa, en 2001, para hacer frente al déficit de las cuentas públicas. Y fijó en el 26% el tope para un aumento de sueldo a los estatales sin consecuencias del tipo de las conocidas en el periodo más negro para la economía argentina de la historia.
El jueves en la mañana, en rueda de prensa, Pérez señaló: "Les pido a los sindicatos que entiendan cuál es la situación financiera de la provincia. Mi misión es reducir el déficit. Cualquier distorsión en la negociación, que afecta a todas las paritarias de estatales, va a implicar serios riesgos y la posibilidad de que la provincia deba tomar mano a situaciones que ya sabemos cómo terminan, como la historia reciente del 2001 y 2002 en Mendoza".
Los dirigentes del SUTE decidieron rechazar el ofrecimiento del gobierno antes de llevarlo para su discusión en las escuelas porque, aseguraron, las bases rechazaron de plano un aumento escalonado como el propuesto. El ofrecimiento gubernamental contempló una suba de 14 puntos con el sueldo de febrero, otra de seis puntos con el haber de julio y la tercera del mismo impacto en el bono de setiembre.
"Si dividimos al pago en tres cuotas es por la situación financiera de la provincia. La semana pasada no se le pagó a ningún proveedor. Estamos en una situación delicada", reconoció el gobernador.
Y a renglón seguido se defendió de las críticas gremiales respecto a la priorización de los reacomodamientos de salario de los funcionarios por sobre el de los educadores. Esto producto de que una ley que habilitó el pago de título y antigüedad para los cargos políticos del Estado llevó los salarios de los ministros y legisladores provinciales a más $30.000 por mes.
" No estoy sentado arriba de la caja. Sé que lo significa la educación para la provincia y nuestros chicos, pero ésto es lo que puede pagar el Estado provincial", cerró la discusión momentáneamente Pérez, aunque postuló la continuidad del diálogo para resolver definitivamente el conflicto.
