El bloque de Diputados del pernonismo mendocino llamó a "cuidar la paz social" luego de recibir a dirigentes del arco estatal de la Provincia que están en conflicto con la administración de Alfredo Cornejo por diferencias con su política hacia los empleados públicos. Los gremialistas plantearon un escenario caldeado desde el poder poder político con situaciones como la intimación a desalojar una protesta en el frente del Casino de Mendoza por parte de la Municipalidad de Godoy Cruz, conducida por el radical Tadeo García Zalazar, una de las espadas principales en la operación política del gobernador.
Los dirigentes gremiales Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los Trabajadores, Adrián Mateluna, secretario general del gremio de los educadores (SUTE), Martín Caín, del sindicato del Casino (UPJCM), y Gustavo Bernardeu, del SUPOM, expusieron ante los legisladores peronistas su preocupación por los hechos de violencia ocurridos el fin de semana vendimial (agredieron a afiliados de ATE que protestaban en el Hipódromo), el accionar de las fuerzas de seguridad de la Provincia y la falta de diálogo por parte del Gobierno Provincial.
El diputado Jorge Tanús contó que se analizó en particular la intimación que realizó la Municipalidad de Godoy Cruz para que se levantará el acampe que realizan los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos en protesta por los despidos efectivizados por la demócrata Josefina Canale, puesta al frente del ente por Cornejo en pago a la alianza electoral del radicalismo con el PD.
[iframe id="audio_10733355" style="border: 1px solid #EEE; box-sizing: border-box; width: 100%;" src="https://ar.ivoox.com/es/player_ej_10733355_4_1.html?c1=ff6600" height="215" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"][/iframe]Los legisladores decidieron elevar notas al intendente García Zalazar y al Jefe de Policías, Roberto Munivies, pidiéndoles que" respeten tanto la legislación vigente como las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo que garantizan el derecho de los trabajadores a manifestarse pacíficamente con el objeto de defender sus intereses".
La Municipalidad de Godoy Cruz intimó el desalojo de la protesta en virtud de una vieja ordenanza, que -de acuerdo al entender de los legisladores del PJ- nunca estuvo destinada a atacar protestas laborales sino que fue concebida para otras causas de obstrucción de la vía pública. Por eso, dejaron sentado de que en caso de avanzar el municipio en la intención de aplicarla a los trabajadores que protestan en el Casino, se llevará el caso "a la Justicia Penal y organismo provinciales, nacionales e internacionales" que amparan los derechos de los trabajadores a reclamar.
Los representantes gremiales señalaron que ven "con preocupación cómo en los últimos meses se ha tornado habitual la intervención de las fuerzas policiales para intentar disuadir o debilitar las marchas de los trabajadores" y citaron como ejemplo la actuación de los uniformados el 29 de febrero durante la marcha de los educadores contra la política salarial del gobierno.
