Después de tres años, dos meses y veintidós días de la primera audiencia, se conoció el veredicto en el histórico juicio oral y público por crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor, la asociación ilícita transnacional para la persecución y eliminación de opositores políticos de las dictaduras del Cono Sur.
La mayoría de los 18 acusados en este juicio, iniciado en 2013 en Buenos Aires, fueron condenados por "asociación ilícita" con sentencias que van de 8, 12, 20 y 25 años, dependiendo de los casos probados a cada uno de los exmilitares acusados. Los implicados, en su mayoría sentenciados por otras causas, dieron forma a un plan de secuestro, tortura y asesinato de opositores bajo los regímenes dictatoriales en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
La pena de 25 años de prisión la recibieron el represor Santiago Omar Riveros, al agente de inteligencia Miguel Angel Furci y al coronel retirado uruguayo Cordero Piacentini. En tanto, Reynaldo Bignone y Rodolfo Feroglio recibieron penas de 20 años.
De 88 años, Bignone, el último presidente de facto del país, fue condenado a 20 años como autor "penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor", dijo el juez Oscar Almirante, al leer el veredicto.
El ex militar uruguayo Manuel Cordero fue sentenciado como "partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos", según la sentencia. Entre los casos probados contra Cordero destacó el vinculado con la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014.
El juicio había comenzado con 22 acusados. Cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud desde el comienzo del juicio, mientras que otros diez no pudieron iniciar el proceso oral por los mismos motivos. La última muerte fue la semana pasada: el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez, llegó a ser acusado por la Fiscalía, que solicitó para él la pena de 16 años de reclusión.
"Coordinación represiva"
El juicio por los crímenes de la Operación Cóndor es un proceso singular. Según explicó Ouviña en su alegato, el objeto del debate aborda "una plataforma para la estandarización de las prácticas de coordinación represiva presentes en la región" que "implicó la puesta a disposición de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de facilitar la destrucción de sus opositores, fueran individuos u organizaciones".
Para probar su funcionamiento, fueron necesarios documentos de diversos acervos del país y de otros lugares del mundo, y la recepción de testimonios de personas que viven en diferentes continentes. "Nuestra sala de audiencias es idealmente mucho más amplia. Porque la mayoría de nuestros testigos no sólo no residen en la Ciudad de Buenos Aires... Están en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Suecia, en Francia, en Inglaterra, están desperdigados por el mundo", señaló Ouviña en una entrevista publicada por Fiscales en 2013. "No sólo por el paso del tiempo y porque lógicamente muchas personas cambian la residencia, sino porque, cuando hablamos de Operación Cóndor y de concierto de voluntades entre países para cometer delitos, es que hay personas de muchas nacionalidades involucradas", explicó entonces el fiscal.
A lo largo del juicio, la Fiscalía incluso viajó a Paraguay para entrevistarse con testigos y también con funcionarios de ese país, al tiempo que visitó el Museo de la Justicia, donde entregó una rogatoria del TOCF 1 para solicitar documentos del denominado "Archivo del Terror", el acervo que reúne los documentos de la persecución política llevada a cabo por la dictadura de Alfredo Stroessner y que fue vital para reconstruir los acuerdos y los procedimientos que dieron forma a la Operación Cóndor.
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Fuente: Fiscales.gob.ar/Página12
