Por Mario Hernandez
Para Rebelión
La ley “equidad de género en el Trabajo” que fue presentada por el Ejecutivo y ya ingresó a la Cámara de Diputados, esconde una reforma laboral disfrazada de feminismo
El 1º de marzo el presidente de la Nación Mauricio Macri anunció con bombos y platillos que enviaría al Congreso una ley para que se acorte la brecha salarial entre mujeres y varones. Eso llevó a que unos días después lo tildaran del “feminista menos pensado”.Se trata del proyecto de “Equidad de género en el Trabajo” (Expediente 001-PE-2018) que fue presentado el 12 de marzo por el jefe de gabinete Marcos Peña, pero que esconde trampas que no sólo van en contra de muchas legislaciones existentes sino que se trata de una “reforma laboral encubierta”.
Así lo dejaron plasmado en un documento consensuado y elaborado durante un mes, más de doscientas mujeres, pertenecientes a cincuenta gremios de cinco centrales sindicales distintas. En una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso Nacional, llena de trabajadoras, el grito fue unánime: “Para que haya igualdad tiene que haber garantías”.
“El modelo que se impulsa desde la alianza de gobierno viene produciendo una constante pérdida de puestos de trabajo, tanto en el sector público y privado, y con un cambio de la matriz productiva del país que sólo propone más precarización, flexibilización y la generación de nuevos puestos en su mayoría en condiciones de precariedad.
No merece la gran capacidad de movilización y convocatoria que ha demostrado el movimiento feminista y de mujeres, respuestas oportunistas o de ocasión, sino por el contrario, demanda debates de fondo, porque lo que está en discusión es cómo se construye la autonomía económica y los derechos que permitan erradicar y combatir la violencia de género expresada como extremo de la misma en los alarmantes índices de femicidio que persisten en nuestro país”. Así comienza el documento (http://sindicalfederal.com. ar/wp-content/uploads/ Igualdad-de-G%C3%A9nero.pdf) que fue entregado a los 257 diputados con análisis y propuestas para cada artículo.
La diputada Nacional y Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (FE-SITRAJU), Vanesa Siley, arrancó la conferencia destacando la unidad de las distintas centrales sindicales, organizaciones sociales y de la Economía popular: “Tenemos la legitimidad para plantear esto porque somos mujeres, trabajadoras sindicalmente organizadas y porque hemos padecido problemas que los tenemos estudiados. Por eso nos atrevemos a hacer este proyecto de propuestas que vienen a solucionar esos problemas”. Y agregó: “El proyecto del gobierno tiene un lindo título pero en el contenido es todo lo contrario. Ese título marketinero de equidad de género abusando incluso de estas reivindicaciones históricas y la bandera por la igualdad de las mujeres contiene graves ataques a nuestras organizaciones sindicales.
Esta es la reforma flexibilizadora que quieren meter por la Cámara de Diputados. Y es más compleja porque está oculta detrás de reivindicaciones del colectivo de mujeres. Nosotras sabemos que vamos a resolver nuestros probemos con nosotras como protagonistas”.
Por su parte, Natalia Fontana, secretaria de prensa del gremio de Aeronavegantes de la CGT sostuvo que “las mujeres estamos continuando este hilo que comenzamos el 8 de marzo con ese gran Paro Internacional de Mujeres. En este contexto de tarifazo, endeudamiento y ajuste no podemos pensar una discusión de una Ley de paridad que contemple a las mujeres y que no sea discutida con nosotras”.
Laura Sotelo, secretaria de género de ATE Capital sostuvo que esta iniciativa “no nace de un repollo. Hay un feminismo neoliberal de derecha oportunista y no queremos que avancen en nuestro nombre. Resaltar esta inmensa vocación política que venimos poniendo el cuerpo las mujeres en la calle. Que del grito del “Ni una Menos” pudimos poner en agenda la trama económica y de desigualdad que después habilita a un femicidio. No hay igualdad de género si no pensamos una agenda de trabajo genuino”.
Florencia Minici, del colectivo “Ni Una Menos” celebró el encuentro sindical unitario y sostuvo: “Nos quieren obligar a parir hijxs endeudados. No queremos más que nuestros pibes y nuestras pibas nazcan con el calvario de la deuda externa. El feminismo discute por la soberanía de nuestra patria”.
Al grito de “Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda”, las doscientas trabajadoras que coparon la sala levantaron bien alto la bandera de “NO AL FMI”.
CGT y CTA también cuestionaron el proyecto
El proyecto de ley que enviara el Gobierno nacional sobre equidad salarial de género y licencias parentales sumó las críticas tanto de la CGT y las dos CTA. Dirigentes de las centrales sindicales participaron de una reunión de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados donde advirtieron que la iniciativa del oficialismo se limita a “reciclar principios ya consagrados legalmente” y que “ni siquiera contempla sanciones” por discriminación hacia la mujer.
El triunviro de la CGT, Héctor Daer, el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado, Hugo Yasky, junto a la secretaria de Género de la central obrera, Estela Díaz, y la secretaria adjunta de la CTA Autónoma, Dora Martínez, llegaron a la reunión invitados por el presidente de la Comisión, el justicialista Sergio Ziliotto.
Daer de entrada objetó el título del proyecto al advertir que “no hace más que recitar la igualdad de género y de trabajo” y por ello se quejó de que en el Gobierno “reciclan permanentemente, casi en forma de eslogan, principios de igualdad que ya están consagrados legalmente”.
Por último advirtió que “cualquier extensión de las licencias para las mujeres tiene que ser compatible con el equivalente de las licencias del hombre, para que después no sea un impedimento al ingreso de las mujeres en el mercado laboral”.
A su turno, Estela Díaz coincidió con Daer en que buena parte de la iniciativa es meramente declarativa y como tal la secretaria de Género de la CTA aseguró que su central apoya el proyecto de la diputada Vanesa Siley (Frente para la Victoria-PJ), que fue consensuado con mujeres de todas las centrales obreras. En ese sentido, consideró que “la brecha salarial es uno de los datos más resistentes a la transformación”, pero el proyecto del Ejecutivo “ni siquiera contempla sanciones” por discriminación a la mujer.
“Las mujeres somos las más castigadas porque somos las que cuidamos a los niños, a las niñas, a las personas mayores y a los enfermos. Este proyecto no contempla ningún tipo de licencia en ese sentido, y los aspectos que contempla son únicamente a cargo de las trabajadoras: 30 días que nos podemos tomar después de la licencia por maternidad, pero sin cobrar”, cuestionó. Por otra parte, criticó que se propongan 10 días fijos -sin ningún tipo de flexibilidad- de licencia por violencia de género, y finalmente abogó por que “se sancione una ley que en verdad amplíe licencias y que incluya políticas de cuidado que de verdad impacten en la vida de las trabajadoras”.
Dora Martínez de la CTA Autónoma denunció que “este proyecto es flexibilizador, que sigue planteando un modelo de Estado empresarial para pocos, donde se desfinancia la seguridad social, se desfinancia la salud pública, la previsión y la educación”. Además indicó que el Gobierno “no convocó a ninguna organización sindical” para la elaboración de esta iniciativa, lo cual demuestra “el desprecio” de esta gestión “por la lucha de la clase trabajadora”.
Laboralistas rechazan el proyecto
También la Comisión de la Mujer Trabajadora de la Asociación de Abogados Laboralistas se pronunció con un contundente rechazo al proyecto denominado “de equidad de género” impulsado por la alianza Cambiemos en el Congreso de la Nación. “Se trata de un proyecto oportunista” declaran, y advierten que “expresa una reforma laboral precarizadora encubierta”.
Compartimos la declaración de la Comisión de la Mujer Trabajadora de la AAL:
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, a través de la Comisión de la Mujer Trabajadora, ratifica el rechazo al Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de la denominada “Ley sobre equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo”, que actualmente se encuentra en tratamiento en las Comisiones de Legislación del Trabajo y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados/as de la Nación.
Tal como lo dijimos en su oportunidad, se trata de un proyecto oportunista, declarativo, y que expresa una reforma laboral precarizadora encubierta.
El primer capítulo, designado como “De la equidad de género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo” modifica los arts. 172, 173, 174, 175 y 176 de la Ley de Contrato de Trabajo, mediante una enumeración de principios que consagra obligaciones genéricas sin la existencia de sanción frente al incumplimiento patronal. Carece de los elementos esenciales de toda norma jurídica: descripción de una conducta y reproche frente a su inobservancia.
Se advierte, en principio, la utilización de la fórmula “los trabajadores cualquiera sea su género”, lo que da cuenta de un desconocimiento absoluto del lenguaje inclusivo, que entra en colisión con la Ley 26.743 de Identidad de Género y con la “no discriminación” que dice promover.
Habilita la posibilidad del “teletrabajo” bajo el argumento de la promoción de la igualdad de género, “de acuerdo a los requisitos que establezca la reglamentación y conforme al acuerdo y/o convenio alcanzado por las partes involucradas”. De este modo, se abre una llave para flexibilizar las condiciones laborales y se desconoce que en la relación laboral, la autonomía de la voluntad se encuentra limitada frente al poder de la parte empleadora, y podría dar lugar a la imposición unilateral de esta modalidad.
Se expresa como principio general la “igualdad de protección frente a tareas penosas, peligrosas o insalubres”. De este modo, y otra vez en nombre de la igualdad, se abre la posibilidad de realización de tareas insalubres, cuando para todas las personas éstas deberían estar prohibidas.
El capítulo II, titulado “De la conciliación del trabajo con la vida privada y familiar”, amplía algunas de las licencias actuales, motivo de reclamo especialmente desde los movimientos de mujeres, sin establecer avances sustantivos.
La licencia por maternidad continúa estando por debajo de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, que la establece en noventa y ocho (98) días. La denominada licencia por razones personales planificadas no considera situaciones de cuidado no-planificadas (por ejemplo, enfermedad imprevista de un pariente) y al establecerse que la misma es sin goce de haberes, se restringe su utilización a quienes pueden prescindir del salario o, lo que es peor, podría ser utilizada como imposición de la parte empleadora en su beneficio, ello en atención que establece que dicha licencia “podrá ser de treinta (30) días corridos”, sin siquiera prever la posibilidad de fraccionamiento. En el citado proyecto tampoco se contempla el reconocimiento de las licencias por nacimientos prematuros ni hijas/os con discapacidad, entre otras.
En relación a la violencia de género, el proyecto establece una cantidad de días corridos claramente insuficiente, y la exigencia de “acreditación” fehaciente mediante constancia de intervención de la Autoridad Sanitaria, Administrativa o Judicial…”, requisitos que constituyen un obstáculo para su operatividad.
El artículo séptimo del mentado proyecto, habilita una “Jornada reducida para cuidado de menores”, al incorporar el art. 198 bis a la LCT, para “los trabajadores cualquiera sea su género”, que tengan a su cargo niños/as de hasta cuatro (4) años de edad, permitiendo con ello el pago de una remuneración proporcional al tiempo de trabajo. Se trata de un grave retroceso, dado que en el régimen de jornada reducida del art. 198 LCT no se autoriza a pagar un salario proporcional al tiempo de trabajo. Tampoco se prevé el límite de dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad prevista por el art. 92 ter LCT para el contrato a tiempo parcial, que hoy sí existe. Al respecto, advertimos que estadísticas del Ministerio de Trabajo (actual Secretaría de Trabajo) reflejan que el mayor grado de evasión y deficiencia registral se da mediante la aparente contratación a tiempo parcial, otorgando una herramienta que resultará de utilidad para perfeccionar el fraude.
Del mismo modo, siendo las mujeres quienes sufren la mayor carga en lo que hace a las tareas de cuidado, se corre el riesgo de que esta modificación profundice la brecha salarial y la dificultad de acceso, permanencia y ascenso de las mujeres a los puestos de trabajo. Por su parte, dicho esquema relega exclusivamente al interior de las familias las cuestiones referidas al cuidado de hijos/as menores, en lugar de reconocerlo como una responsabilidad social compartida, en la que deben participar el sector privado y estatal e inclusive los sindicatos.
Otro tema que causa alarma, es la dación de facultades exorbitantes al ex Ministerio de Trabajo, pudiendo ocasionar una ampliación de la injerencia sobre la autonomía sindical; en pos de garantizar la igualdad de género al interior de las organizaciones, se le da la potestad de consideración y aprobación de modificaciones a los Estatutos de las asociaciones sindicales. Asimismo, se propicia la modificación de los convenios colectivos de trabajo en este sentido, otorgando la facultad de consideración y homologación de los mismos. Por el contrario, en lo que hace a los “códigos de conducta” que deben cumplir las patronales, basta con la remisión al Ministerio de Trabajo para su conocimiento, lo que evidencia una clara venia para las empresas para modificar condiciones laborales en perjuicio de los/as trabajadores, con carácter normativo.
Por todas estas razones, propiciamos el rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.
Por el contrario, nos pronunciamos a favor de todos los proyectos legislativos que impliquen la ampliación de las licencias pagas para todos los géneros, compartidas y con carácter obligatorio, en consonancia con lo establecido en las Leyes de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y de Protección Integral a las Mujeres.
Entre otras, deberá contemplarse ampliación de la licencia por embarazo, por nacimiento de hijo/a prematuro/a, licencias familiares pagas por nacimiento de hijo/a, por adopción, cuidados de personas dependientes, por fallecimiento de parientes consanguíneos, para el cuidado de pareja que realiza técnicas de reproducción médicamente asistida, por violencia de género con la sola declaración jurada de la víctima como modo de acreditación.
Ratificamos que la responsabilidad del “cuidado” debe ser abordada desde la implementación de políticas públicas que entiendan la existencia de un “derecho al cuidado”, no sólo respecto de hijos e hijas menores, sino también de personas dependientes y adultos mayores, estableciendo garantías para propiciar la corresponsabilidad entre el sector público, el sector privado, la comunidad y los hogares, incluyendo a sindicatos y demás organizaciones de trabajadores y empleadores.
Por último, reafirmamos que, frente a la existencia de un acto discriminatorio, la única solución compatible con el bloque federal de constitucionalidad vigente es la NULIDAD del mismo, no existiendo tarifa que repare en forma adecuada tal ilícito. Ante una discriminación por razones de género corresponde el cese de dicho acto antijurídico, la nulidad de la conducta prohibida y la plena reparación de los daños y perjuicios ocasionados. El acto discriminatorio vulnera derechos humanos fundamentales y la dignidad, condición intrínseca de todas las personas, por lo que entendemos que sólo la nulidad de los actos discriminatorios permitirá construir una sociedad equitativa y sin privilegios.
