Como parte de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, este viernes alegará en el VIII juicio de lesa humanidad en Mendoza la abogada Viviana Beigel, quien hará foco en el aparato de represión específica que se aplicó contra las presas políticas en los centros clandestinos de detención. En este proceso se intenta dilucidar las responsabilidades materiales e intelectuales de la apropiación y sustitución de identidad de Claudia Domínguez Castro, la nieta 117 recuperada por la organización que preside Estela de Carlotto.
"Alegaré sobre represión a las mujeres en dictadura, maternidad y partos clandestinos en representación de Abuelas de Plaza de Mayo", adelantó la abogada a integrante del MEDH sobre lo que presentará frente al Tribunal que juzga al militar Segundo Héctor Carabajal, y el matrimonio que, indebidamente, registró a Claudia como hija biológica, compuesto por Julio Bozzo y Antonia Reitano.
La joven es hija del matrimonio integrado por Walter Domínguez y Gladys Castro, víctimas de un procedimiento encuadrado en el operativo “Escoba”, cuyo propósito era acabar con el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). El resultado fue el secuestro y desaparición de nueve personas entre las que se encontraban Gladys Castro, embarazada de seis meses, y su esposo Walter, aprendidos en la madrugada del 9 de diciembre de 1977.
Beigel ha investigado por años el aparato represivo destinado a las mujeres y aplicado en particular en el exD2 y en el Casino de Suboficiales, llamado "el chalet", o "la casita". Las mujeres secuestradas eran divididas en "recuperables" o no.
A las pocas que, según la perspectiva de los represores, se las podía redimir, se les generó un espacio donde “fomentarles los valores de la familia tipo. Se les daba de comer en cubiertos de plata por ejemplo, se las proveía de camisones limpios. Sobrevivieron todas, justamente porque se suponía que a ellas se les aplicó un plan de reeducación”, señaló Beigel a EXPLÍCITO, consultada sobre el capítulo especial que escribió al respecto en el informe Xumek.
El centro clandestino de detención instalado en el Casino de Suboficiales de Mendoza y destinado exclusivamente al cautiverio de mujeres, “constituye la prueba más clara que en la Provincia de Mendoza se ejecutó un plan sistemático y generalizado desatado por la dictadura militar para disciplinar a las mujeres e imponer el patriarcado .ensaya Beigel-. Las torturas físicas y psicológicas, los abusos sexuales, el impedimento de contacto con los hijos y demás actos inhumanos fueron moneda corriente. Fue la metodología criminal que se utilizó desde las estructuras de poder del Estado para desmoralizar y castigar a estas mujeres que habían dejado de lado los 'roles tradicionales' establecidos por el pensamiento patriarcal”.
El abordaje de perspectiva de género en la justicia fue incorporándose poco a poco en el ámbito de la justicia en Mendoza, sobre todo en la justicia federal, y fue así que en Mendoza se logró una inédita sentencia en un juicio de lesa humanidad que reconoció que las mujeres, además de haber sido víctimas de delitos de lesa humanidad, fueron víctimas de violencia de género. Así lo explicitó el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza en el VI Juicio por delitos de lesa humanidad.
Poco antes del golpe, debutó en Mendoza el Comando Pío XII, que persiguió en particular a las mujeres y marcó un precedente de crueldad que luego iba a aplicarse a las presas políticas bajo una consigna de "pureza y santidad de costumbres".
Video: Fragmento del programa Memoria, Verdad y Justicia, que se emitió en el Canal Acequia hasta fines de 2015. En el capítulo 9 de la tercera temporada, de mayo de ese año, se realizó un informe sobre el Comando Pío XII, comandado por Julio César Santuccione:
