Comenzó este miércoles en San Rafael el 11° juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, el cuarto realizado en esa ciudad sureña, que agrupa las causas Ocampo, Mercado y Rizzo Avellaneda, por los apellidos de tres de los acusados.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 -integrado por Alejandro Waldo Piña, Gretel Diamante y María Carolina Pereira- juzga a seis ex policías y ex militares cometidos en perjuicio de 25 de personas durante la última dictadura cívico militar en San Rafael.
Intervienen el fiscal general Dante Vega, titular de la Oficina de Derechos Humanos de esa jurisdicción, y el fiscal "ad hoc" Pablo Garciarena.
Los acusados son los ex militares Mario Guillermo Ocampo, Aníbal Guevara, Luis Rizo Avellaneda y los ex policías Oscar Pérez, Norberto Mercado y Luis Di Filippo, quienes cumplían tareas en la región de Cuyo, denominada “sub-zona 33”. En la zona la tarea de represión fue comandada desde la VIII Brigada de Montaña con asiento en Mendoza y comprendía, a su vez, a la sub-área operacional Nº 3315 correspondiente a San Rafael, Malargüe y General Alvear-, abarcando también a San Juan y San Luis. En el proceso también estaba acusado el policía Ángel Videla, pero fue apartado por razones de salud el 31 de marzo, antes del comienzo del juicio.
En la audiencia de apertura, el tribunal constató la presencia de las partes y luego comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que no llegó a completarse. La jornada fue llevada adelante en una modalidad mixta, ya que los jueces asistieron presencialmente a la sede judicial y algunas de las partes participaron a través de la plataforma virtual Zoom. Hacia el final, el tribunal comunicó, en relación al cronograma pautado, que las audiencias se concretarán cada quince días. Las próximas dos -en las que continuará las lecturas de las piezas acusatorias- serán el miércoles 5 y 19 de mayo, ambas desde las 9:30.
Causa Mercado
La causa caratulada como “Mercado” es de las tres, la que tiene más imputados y victimas involucradas. En el juicio se juzga el accionar de los ex policías Mercado, Videla, Di Filippo y Pérez, por los delitos de lesa humanidad cometidos contra veinte personas: Alfredo Rafael Porras, Héctor Aldo Fagetti, Juan Carlos Berón, Luis Abelardo Berón, Jorge Valentín Berón, Ramón Emilio Rosalez, Roberto Rosalez, Orlando Alfredo Flores, Nilo Lucas Torrejón, Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandobal, Isidro Calívar, Josefina Margarita González, Hugo Adelmo Riera, Hugo Magallanes, Ricardo Ríos, Héctor Rosendo Chaves, Hugo Dardo Montenegro y Humberto Ramón Roca.
Norberto Mercado era una de las máximas autoridades policiales destinadas en la División Cuerpos de la Unidad Regional II y, desde ese puesto, se le atribuye haber tomado parte de la ejecución de los hechos, con poder de emitir y retransmitir órdenes para que el aparato criminal lograra secuestrar personas, mantenerlas cautivas e interrogarlas bajo tormentos. En ese sentido, se le imputan los cargos de privación abusiva de la libertad, agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado, en algunos casos, más un mes; y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 18 hechos.
Entre octubre de 1975 y noviembre de 1978 Oscar Pérez cumplió funciones como miembro del Departamento de Informaciones de la Policía de San Rafael. Al ex policía se lo culpa por la desaparición de Hugo Dardo Montenegro, por lo que le imputan homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.
Por último, Luis Di Filippo está imputado por privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por cinco hechos; por privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por cinco hechos; por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por diez hechos y como autor del delito de asociación ilícita.
Causa Ocampo
Al ex militar Mario Ocampo se lo acusa como partícipe primario del delito de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en perjuicio de Félix Ordenes Velázquez, quien fue desaparecido durante 1976 cuando se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII.
Por ese entonces, Ocampo era el tercero en la cadena de mando de la Compañía, y frecuentemente se desempeñaba como “Jefe Accidental” del departamento. Durante los hechos en los que se perpetró la desaparición de Velázquez, según la fiscalía intervino directamente en el sumario que se fraguó con la intención de maquillar de legalidad el secuestro y desaparición de la víctima.
Causa Rizzo Avellaneda
En esta causa se investiga el accionar del ex militar Luis Rizzo Avellaneda, quien se desempeñó como Jefe de Sección de Inteligencia de “San Rafael” desde el 17 de noviembre de 1975 hasta el 4 de diciembre del año 1977 y que tuvo un rol fundamental en la implementación del plan represivo. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la de ejecutar rutinas técnicas: reunión de información, contra inteligencia, sabotaje, subversión y actividades psicológicas secretas.
Durante este juicio se lo acusa de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en perjuicio de Delfo Rodríguez, Néstor de la Barba y Carlos Arrigosi.
Otro de los imputados es Aníbal Alberto Guevara, que durante esa época se desempeñó primero como Jefe de la Seccional y luego como Teniente de la 8va. Brigada de Infantería de Montaña, cargos que le atribuían un numeroso personal a su cargo, al que dirigía y con el que participaba personalmente en operativos de secuestro, en febrero y marzo de 1976. Está acusado por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en perjuicio de Héctor Ramón Ortiz Bellene, dirigente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).
Fuente: Fiscales.gob
