Las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP) repudiaron el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una parte clave del artículo fundacional de la Ley 7722 que impide el uso de sustancias tóxicas en la minería.
"La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge, pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca. Si diera lugar a esa pretensión, el gobierno provincial será responsable de la conflictividad social en torno a un proyecto que desde sus inicios no tuvo licencia social", resumió en un comunicado la AMPAP.
Se refieren con esto al proyecto de San Jorge para dinamitar la montaña en busca de oro, plata y cobre con un sistema de lixiviación que utiliza el xantato, el as bajo la manga que guardaba la minera tras el rechazo social profundo que desató el intento de voltear la 7722 con un pacto entre la UCR y el PJ en 2019.
Recordaron las asambleas que el pacto político sigue vigente en lo que a extractivismo se refriere y convocaron a la población que defendió en las calles la 7722 a estar alerta ante este nuevo embate empresarial con guiño judicial.
"La derrota jurídica que sufrió el lobby minero en 2015, producto de la movilización popular que logró sostener ante la Justicia mendocina la constitucionalidad de la ley 7722, fue compensada con la decisión política de la Corte nacional de favorecer parte del reclamo de Minera San Jorge. Y esto en un contexto político donde tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández como el provincial de Rodolfo Suárez pretenden impulsar la megaminería y el fracking en Mendoza. Las asambleas no olvidamos que en 2019 las cúpulas del PJ y la UCR acordaron derogar la ley 7722 traicionando al pueblo mendocino", señalaron.
Qué dice el fallo de la Corte
"El artículo 1 de ley 7722, al prohibir en los procesos mineros metalíferos el empleo de otras sustancias tóxicas similares', se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda vez que en este aspecto la ley adolece de una gran indeterminación. La Corte ha expresado que el art. 19 de la Ley Fundamental exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible (Fallos: 341: 1017) a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es exigible para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas".
Con ese párrafo la Corte Suprema de la Nación le dio la razón a la minera San Jorge en un recurso de queja contra el Gobierno de Mendoza por los alcances de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro "y otras sustancias tóxicas".
San Jorge se guarda un as bajo la manga desde que en Mendoza una pueblada salió a defender la ley que los asambleístas llaman "guardiana del agua": hacer minería con Xantato. Se trata de una posibilidad que fue advertida en el fallo que declaró constitucional la Ley 7722, en 2015, por Mario Adaro, quien al analizar el artículo 1 de la ley sobre la prohibición de tóxicos apunta que los legisladores dejan abierta la posibilidad de introducir xantato.
El comunicado completo de la AMPAP:
LA MEGAMINERÍA NO TIENE LICENCIA SOCIAL
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) expresamos nuestro rechazo a parte del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre nuestra Ley 7722 Guardiana del Agua, elemento clave de la resistencia de nuestro pueblo contra la instalación de la megaminería en nuestros territorios.
Nos declaramos en estado de alerta y movilización y convocamos a todo el pueblo a regresar a las calles para defender nuestra agua.
El reciente fallo de la Corte nacional declara constitucional la mayor parte de nuestra ley 7722. Sin embargo, alentando a los capitales mineros, declaró inconstitucional una expresión del artículo 1, que prohíbe el uso de “otras sustancias tóxicas similares”. Aunque cianuro, ácido sulfúrico y mercurio siguen prohibidos en minería metalífera, este fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como xantato, poliacrilamida y otras.
La derrota jurídica que sufrió el lobby minero en 2015, producto de la movilización popular que logró sostener ante la Justicia mendocina la constitucionalidad de la ley 7722, fue compensada con la decisión política de la Corte nacional de favorecer parte del reclamo de Minera San Jorge. Y esto en un contexto político donde tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández como el provincial de Rodolfo Suárez pretenden impulsar la megaminería y el fracking en Mendoza. Las asambleas no olvidamos que en 2019 las cúpulas del PJ y la UCR acordaron derogar la ley 7722 traicionando al pueblo mendocino. El Frente de Todos y Cambiemos son socios estratégicos del lobby empresarial megaminero, y no hay grietas en su intento conjunto de imponer contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes.
Este guiño judicial al poder político y económico nos obliga a informar el riesgo al cual quedamos expuestos. La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge, pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca. Si diera lugar a esa pretensión, el gobierno provincial será responsable de la conflictividad social en torno a un proyecto que desde sus inicios no tuvo licencia social.
Mientras la clase política apoya el proyecto San Jorge, se niega desde hace dos décadas a crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Ese proyecto presentado por la comunidad de Uspallata, apoyado por AMPAP y el movimiento socioambiental, permitiría un modelo productivo socialmente inclusivo y en armonía con el ambiente y los bienes comunes.
Los medios de desinformación, principales aliados de las empresas y del gobernador, celebraron el fallo judicial con el objetivo de confundir a nuestro pueblo. Pretenden deslegitimar nuestra ley 7722 y cuestionar su apoyo social, para instalar la mentira de que la megaminería solucionaría los problemas económicos que atraviesa Mendoza.
Las asambleas repudiamos esos intentos de desorientar a la ciudadanía comprometida con la defensa del agua. Instamos al amplio movimiento socioambiental y organizaciones de todo tipo a expresarse en calles, plazas, medios y redes, retomando la experiencia histórica que como pueblo nos permitió recuperar la ley 7722 en diciembre de 2019.
Nuestra fortaleza está en la unidad y en la conciencia del pueblo que defiende el agua de Mendoza. Desde AMPAP exigimos que la Legislatura trate y apruebe con urgencia el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas, y que la dirigencia política acepte que la megaminería no tiene ni tendrá jamás Licencia Social en Mendoza.
EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA
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