Exfuncionarios de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal fueron denunciados ante la justicia luego del hallazgo de videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas en las que promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.
La denuncia penal fue radicada este lunes por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conduce Cristina Camaño, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak, se informó oficialmente.
"Dejaron en evidencia la existencia de una mesa judicial en Buenos Aires que buscaba ponerse de acuerdo para destruir el movimiento sindical", dijo Caamaño poco antes de realizar la presentación judicial.
Remarcó que en esas filmaciones aparece "una reunión del 15 de junio de 2017, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal".
Según detalló Caamaño, de esa reunión participó el entonces ministro de Trabajo bonaerense (Marcelo Villegas), el ministro de Infraestructura (Roberto Gigante) y el exsubsecretario de Justicia de la provincia (Adrián Grassi), además de un senador (Juan Pablo Allan), el intendente de La Plata (Julio Garro) y cinco empresarios de la construcción.
Estuvieron Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser identificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila.
"Hablan de una Gestapo para terminar con los gremios, eso dice el que era ministro de Trabajo, es como un médico que diga que quiere matar a los pacientes, o un maestro que no quiera enseñar a escribir o a leer, es todo lo que está mal lo que se habla en esa reunión", opinó la interventora.
En ese sentido, agregó: "La Justicia lo tiene que determinar pero aparentemente Vidal tiene responsabilidad en esto, ya que si sus ministros están haciendo semejante reunión es difícil que la gobernadora no lo sepa".
Las filmaciones muestran a Villegas dando garantías a los empresarios presentes de la implementación de una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "Nación y provincia" para impulsar una investigación y lograr el enjuiciamiento de dirigentes sindicales del sector de la construcción.
En los audios, se lo escucha al entonces ministro Villegas decir: "Creéme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".
También, de acuerdo con lo que se escucha en las filmaciones, el supuesto plan no estaba dirigido sólo a los sindicatos, sino también hacia los trabajadores públicos.
La información fue hallada por la AFI en videos grabados durante el encuentro en una sala del Banco Provincia de La Plata y forma parte de la denuncia presentada esta mañana por la interventora Caamaño, ante la justicia federal de La Plata, para que el juez realice una investigación por presunta comisión de un grave delito de acción pública.
"Las leyes son las leyes, tengo que modificar la Ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea", pregonó Villegas.
De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso Télam, en otro de los extractos de las declaraciones Villegas afirma: "El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laborales, de amenaza y estas palabrejas se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos".
"Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la procuración general, tiene que estar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar", completaba su idea Villegas.
Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, fue detenido y en esa ocasión las cámaras empresarias y la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri celebraron la situación.
"La amenaza no es el camino; hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso", dijo en ese entonces la gobernadora.
Tras conocerse los videos, desde el arco político y sindical condenaron esas "prácticas que buscaron destruir la actividad sindical".
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, calificó como “lamentable” y “una degradación del Estado de derecho” la posible existencia de una "mesa judicial" en la provincia de Buenos Aires dedicada a armar causas contra dirigentes gremiales, hecho denunciado este lunes por la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak.
“Esto es lamentablemente algo que ya habíamos visto y que ha tenido una rutina y una práctica extendida en el gobierno anterior, y es muy lamentable porque eso degrada el Estado de derecho y la función política de las autoridades”, opinó Taiana en declaraciones en Casa de Gobierno tras el acto de entrega de despachos y sables a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas recientemente ascendidos.
Para Taiana, el funcionamiento de esa mesa judicial “pareciera señalar también una baja en la garantía del Estado de derecho, porque en términos también del Poder Judicial no se entiende cómo se puede trabajar de esa manera en contacto tan estrecho con el poder político”.
“Es una sorpresa, pero al mismo tiempo no lo es: lo que sí es sorprendente son los extremos a los que habían llegado las ideas de espionaje y armado de causas o de tomar la justicia como una herramienta para dirimir la lucha política en este caso contra los gremios”, expresó.
Sobre las causas en las que está involucrado el expresidente Mauricio Macri y que fueron derivadas a Comodoro Py, sostuvo que “sigue habiendo un perfil que tiende a favorecer la impunidad de los funcionarios del Gobierno anterior y en particular de Macri, que ya desde hace más de 30 años se ve beneficiado por fallos sorprendentes, en aquel entonces por la propia Corte Suprema y luego de distintas instancias judiciales”.
El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, fue uno de los primeros que repudió los hechos y evaluó que demostraron "un accionar coordinado" existente en el gobierno de Cambiemos que buscó "perseguir opositores políticos y gremiales".
"Acciones como estas están severamente penadas por la Ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente", argumentó.
