El Gobierno nacional apeló el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad bonaerense tras hacer lugar a una medida cautelar, y además pidió la recusación del juez Santiago Martín al entender que hubo "falta de imparcialidad" por la relación que mantiene con uno de los peticionantes.
El escrito de apelación consideró "absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino", al entender que "los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amantamiento en crías de mamíferos marinos, son hoy por hoy absolutamente conjeturales".
Tras recordar que las tareas de prospección sísmica iniciarían dentro de ocho meses -octubre de 2022, "dicha información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente; de modo que sólo cabe preguntarse ¿Cuál es el perjuicio irreparable?", planteó el Gobierno.
"Sólo existen conjeturas que no señalan de manera meditada qué etapa del proyecto es la que produce el daño que arguyen y en que dimensión. Se incumple así con el postulado de acreditar este requisito, lo que impone también por estas razones, el rechazo de la cautelar solicitada", agregó el escrito.
Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo de la semana pasada del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, explicaron fuentes oficiales.
Como prueba a considerar, el escrito propuso entre otros el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay donde "festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas", el abogado ambientalista José Esain, quien es patrocinante en esta misma causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).
Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez Martín había ordenado la semana pasada la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021 y contaba con la aprobación del Ministerio de Ambiente.
El magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Tras la presentación de la apelación, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que el Gobierno apeló este fallo porque "sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras".
Martínez agregó que el fallo "ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos".
Según Martínez, "este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características".
"Por otra parte -continuó- genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos y argentinas que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus pymes, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita".
El proyecto petrolífero
El proyecto de exploración petrolífera del lecho marino en el Mar Argentino fue adjudicado en 2019 e implica un compromiso de inversiones por casi US$ 800 millones por parte del consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con YPF y Shell.
El 30 de diciembre pasado, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y autorizó a las empresas a realizar los estudios de exploración sísmica.
Sin embargo, el viernes último, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas.
