Tras conocerse que el Gobierno exigirá a los docentes suplentes un certificado de antecedentes penales, el SUTE le envió este martes una carta al titular de la Dirección de Escuelas, José Thomas, donde, sin oponerse a la medida, pidió que la validez del documento sea de un año, en lugar de tres meses.
La resolución de la DGE afecta a una enorme masa de docentes que sobreviven concursando cargos que duran poco tiempo, y que para engrosar su magro salario van de una escuela a otra. La imposición de este certificado como una forma de control generó rispideces en la comunidad educativa.
No fueron pocos los maestros que marcaron la fuerza simbólica de la medida contra un colectivo castigado y perseguido en lo salarial, con ítems que penalizan con descuentos las faltas por trámites u otras razones.
Al respecto, el senador Marcelo Romano, del Partido Verde, señaló en la sesión de este martes la "coincidencia" de que la medida fuera tomada antes del parientazo que se vivió en las rutas en rechazo al acuerdo SUTE-Suarez. Pidió que el Senado emitiera opinión para que se dejara sin efecto, pero el oficialismo lo rechazó.
El gremio criticó sí que la imposición de este trámite fuera "de manera súbita y arbitraria", y pidió aceitar los mecanismos para que la validez del certificado se extienda a un año.
Según la carta firmada por Carina Sedano titular del SUTE, se le pide a Thomas que "se arbitren los medios necesarios para que el trámite de certificado de antecedentes penales se pueda realizar de manera ágil, breve, y gratuita". También pidió que su validez sea de u año.
Esta es la carta completa:
