Las Asambleas por el Agua volverán a la Legislatura este martes para alertar por la avanzada del intendente de Malargüe para zonificar su departamento y evitar así las restricciones a la megamiería que impone la Ley 7722.
En ese contexto, el gobierno de Rodolfo Suarez avanza en la misma dirección con la reforma de la Constitución -que pretende dar autonomía a los municipios, como pide precisamente Malargüe, y la reforma de la Suprema Corte, crucial para demandas ambientales contra el Ejecutivo por el fracking y por la entrega de agua de los ríos para El Trébol, la petrolera de Daniel Vila y José Manzano.
"Ojeda, el intendente de Malargüe, amenaza con un proyecto para modificar la Ley 7722, guardiana del agua -advirtieron los asambleístas-. Hace años viene amagando con eso. Pero según los medios hegemónicos, parece que esta vez va en serio, y este mes la senadora Laferte (esposa de Ojeda) presentaría un proyecto de ley para zonificar Malargüe, dando así vía libre a la megaminería en sectores del departamento -o sea, de Mendoza- donde la Ley 7722 quedaría Derogada".
Por esa razón los asambleístas -como ya hicieran en la previa a la intentona de derogar la 7722 en 2019- convocaron otra vez a manifestarse en la Legislatura este martes 10 a las 10.
"Si lograran aprobarlo, podrían usar libremente cienuro y otros tóxicos. El agua y demás bienes comunes de grandes territorios y cuencas hídricas serían objeto de contaminación y saqueo, con la sola aprobación del Ejecutivo, sin necesidad de pasar por la Legislatura. La Ley 27.566 ratificó el Acuerdo de Escazú, que establece el principio de no regresión en materia ambiental: reducir el alcance de la Ley 7722 sería pues inconstitucional. Pero no podemos confiar en que los legisladores, o los jueces, respeten ese acuerdo y principio".
