Tal como ocurre cada diciembre desde 2019, la Dirección General de Escuelas comunicó nuevamente la caída del convenio que mantiene en pie a la Escuela de Agroecología de Lavalle. En los años anteriores, la comunidad educativa se organizó y logró evitar el cierre, no obstante, desde entonces se le dio de baja a 50 horas cátedra.
La caída de convenios con escuelas y el cierre de aulas para adultos por "baja matrícula" es una de las formas de ajuste que ejecuta la gestión de José Thomas y que en las últimas semanas se profundizó. La Escuela Campesina, el Bachillerato Popular Violeta Parra del barrio La Favorita y el CENS “Alejandra Soto” de la Casita Trinitaria en Km 11 Guaymallén han sido blanco de estas políticas.
La Escuela Campesina de Agroecología funciona desde 2011 y nuclea a más de 100 jóvenes adultos de la provincia. La propuesta que este centro educativo lleva adelante no solo tiene que ver con una formación pedagógica, enmarcada en el sistema educativo de Mendoza, sino también en una oferta que permite a las familias campesinas y a distintos estudiantes trabajar paralelamente en la ruralidad. Esto último es posible gracias a la organización curricular que el personal docente lleva a cabo en el marco de la ley de educación rural.
Beatriz Della Savia - quien renunció pero hasta septiembre estaba a cargo de la Dirección de Educación Privada y de Gestión Social y Cooperativa- firmó esta vez la resolución que da de baja a los convenios, señalaron en la Unión de Trabajadores Sin Tierra, la otra pata del acuerdo. La organización asegura que han intentado en vano una reunión con Alejandro Sconfienza, quien reemplazó a Della Savia en el cargo.
"No es la primera vez que la DGE atenta contra el derecho a la educación de comunidades campesinas -señaló la UST en un comunicado-. El primer ataque ocurrió en diciembre de 2019, donde se presentó un expediente de 143 folios que nunca se contestó. Se recortaron 50 horas cátedra, el cargo de asesor pedagógico y personal administrativo. Aún así desde la UST se garantizó la continuidad de la escuela y se logró mantener el convenio. Ahora la definición de José Thomas es el cierre definitivo de la escuela, después de 11 años de funcionamiento".
Repudio del CELS
Ya desde que el primer intento de DGE de horadar a la Escuela de Agroecología de Lavalle, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió lo que consideró un ataque de Suarez a las escuelas de gestión social.
"La decisión del gobierno provincial implica una regresión en el derecho a la educación y formación de les campesines, y pone en riesgo experiencias que deben ser promovidas, de acuerdo a lo establecido por la ley federal 27.118, que declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena", consideró el CELS.
El CELS consideró que la decisión de Suarez “implica una regresión en el derecho a la educación”
Más cierres anunciados
Semanas atrás se conoció el cierre de tres cursos del Anexo I del CENS 3-466 de Carrodilla, que funciona en la Biblioteca Popular y de un aula del CENS 3-507, de Lavalle, donde miembros de la comunidad Huarpe intentan terminar el secundario. La explicación que esgrimen los emisarios de Thomas es siempre la misma: "por situación de baja matrícula".
De esta manera el Gobierno da muestras de cómo consigue la acumulación de superávit del que se enorgullece: con ajuste en áreas que no considera imprescindibles, como salarios de trabajadores y aulas con matrícula reducida.
El sistemático cierre de CENS derivó en el reclamo de líneas internas del SUTE, que le reclaman a la conducción que active protestas y reaccione frente a este panorama de ajuste.
Este es el comunicado completo de la UST:
